Aunado a ello, lamentó que la tortura, las desapariciones forzadas, la inseguridad, la falta de acceso a la justicia, los bajos niveles en la aplicación de la justicia, así como una inadecuada e insuficiente atención a las víctimas y sus familiares, son factores que han ayudado a la pérdida de confianza de la sociedad ante las instituciones de gobierno.
Vemos con preocupación la poca o nula acción gubernamental para disminuir o erradicar la violación a los derechos humanos. “Por si fuera poco, el efecto de la violencia es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza y en zonas marginadas, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensores de derechos humanos, periodistas y pueblos indígenas”, agregó el legislador oaxaqueño.
Por ello, Martínez Neri hizo un llamado al Ejecutivo a trabajar conjuntamente con el Congreso, a fin de revertir la falta de gobernabilidad que se está viviendo en el país. “Es inaudito que a pesar de que la desaparición forzada está tipificada en 27 entidades federativas, no existe una sola sentencia condenatoria a la fecha por este delito”.
Tristemente, añadió el legislador, el Estado mexicano informó que la PGR contaba con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura (hasta el abril de 2015), pero sólo existen 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. La respuesta estatal ante estos casos, al igual que respecto de las desapariciones, los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales, es débil e insuficiente, subrayó Martínez Neri.
El diputado del Sol Azteca recalcó que la falta de acceso a la justicia y los niveles críticos de impunidad ha creado una situación de desconfianza institucional, que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.
Ante este panorama, el legislador solicitó al Estado no ser omiso con respecto a los señalamientos hechos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y “adoptar una legislación general en materia de desaparición, en consulta con la sociedad civil, víctimas y familiares, conforme a los estándares internacionales”, refirió.
“Es urgente eliminar todos los vicios de impunidad que actualmente se presentan en este tipo de delitos, únicamente así lograremos una efectiva prevención, y en los casos correspondientes, sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos y, con ello, generar avances reales en la calidad de vida de la sociedad mexicana”, concluyó.
