Durante el Foro “La Economía Social en México, Diagnostico del Sector Social”, realizado en San Lázaro, detalló que, por ejemplo, se descubrieron 31 irregularidades en servicios de crédito personal que otorgan cajas de ahorro y Sofipos, donde no se indica con exactitud al usuario cuánto y cuándo se le cargarán los adeudos vencidos a su cuenta de depósito.
La segunda falta más recurrente, refirió el funcionario, es en los servicios de depósito a la vista. La instancia a su cargo ha encontrado 20 cláusulas abusivas donde las entidades financieras de este tipo realizan cargos a la cuenta de depósito del usuario, sin indicarle previamente cuándo se realizarán ni su monto.
Di Costanzo calificó de “imperdonable” que muy pocas instituciones del sector de ahorro y crédito popular tengan programas de educación financiera, ya que “quien está generando la inclusión financiera en este país, no son los grandes bancos, sino este sector, que llega a donde no llegan las instituciones bancarias. Por eso es doble la responsabilidad”.
Destacó que dichas instituciones tienen una importancia “vital” para la economía mexicana, al ser una herramienta básica para generar inclusión financiera. “Está en nosotros la gran responsabilidad de mejorar su transparencia, sus sanas prácticas, sus calificaciones y la eliminación absoluta de sus cláusulas abusivas”, concluyó.
En este contexto, la diputada presidenta de la Comisión Fomento Cooperativo y Economía Social, Norma Xochitl Hernández Colín, dijo que el reto de las empresas colectivas es ser un contrapeso para que los problemas financieros del país no deriven en desempleo y los bajos salarios, sino que propicien el desarrollo controlado desde la base que genera la inversión en el mismo espacio geográfico.
La legisladora de Morena sostuvo que este modelo de inversión busca ser alternativa para lograr el desarrollo de comunidades, pues obtienen una distribución más justa de los recursos por la labor de cada socio.
El objetivo del foro, dijo, es obtener un diagnóstico de las oportunidades que se tienen para generar y ejercer la economía social, y con ello, fortalecer los instrumentos jurídicos que permitan el pleno desarrollo de este sector.
El diputado José Teodoro Barraza López (PAN) dijo que el evento es un diagnóstico que les permitirá impulsar las políticas públicas en los sectores relacionados. Expresó su interés por adentrarse en la economía social y que los resultados sean favorables.
En su participación, la diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix (PRI) señaló que será de gran apoyo tener el diagnóstico de este foro y tomar en cuenta el papel que pueden jugar los legisladores para impulsar las políticas económicas y sociales que beneficien a los diferentes grupos de nuestro país.
De la misma bancada, el diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga indicó: este foro permite tener mayor información y enriquecer la participación de los legisladores dentro de una sociedad que hoy se conduce en el marco de una economía que se debe formalizar y tener derecho y acceso, no sólo a la información sino a los beneficios de la misma.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (movimiento Ciudadano) compartió su visión de que si más grupos sociales se organizan para producir, se puede transformar este país en uno productivo y diferente. Con este evento se tiene la oportunidad de aportar en el desarrollo de cooperativismo y la economía social.
Alma Lilia Luna Munguía, diputada del PRI, mencionó que la economía social del país tiene muestras de éxito, prueba de ello, es la constitución de empresas cooperativistas como Pascual y Cemex; sin embargo, se necesitan encontrar alternativas viables para seguir encauzando a las cooperativas y a los grupos sociales.
Resaltó que actualmente la economía social representa el 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), “lo que implica que vamos por buen camino, pero todavía tenemos muchas cosas que hacer y por ello, este tipo de foros y encuentros”.
El diputado Óscar Valencia García (PRI), secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, señaló que fomentar este modelo de inversión en el campo podría contribuir a abatir el rezago en el que se encuentra.
Destacó que el diseño de las empresas cooperativas les permite reactivar su producción, a través de la capacitación en cuanto a qué se puede cultivar para generar una cadena productiva benéfica para que el sector agrario tenga una vida decorosa.
Informó que presentará un punto de acuerdo para fomentar el consumo nacional del amaranto y la Jamaica, y con ello reactivar a este sector comercial.
Alma Engracia Cortés Javier, coordinadora de Programas Especiales del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), expuso que en el 2012, en México, existían 18.4 millones de mujeres que formaban parte de la población ocupada del país, donde su tasa de participación era de 42.9 y su remuneración salarial tenía un promedio de dos salarios mínimos.
Agregó que el Inaes busca nuevas formas de organización que permitan generar el desarrollo de la economía social de las mujeres, pues permite avanzar hacia la seguridad de tomar decisiones sobre su tiempo y salud; es decir, se le otorga empoderamiento y confianza para luchar por sus derechos.
Juana Soto Yupe, subdirectora de Planeación y Fortalecimiento de Proyectos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), explicó que la empresa social es un esfuerzo solidario de familias. Al detonar estos proyectos, afirmó, se fortalecen las capacidades y habilidades para iniciar procesos de empoderamiento de las mujeres.
Subrayó que el Instituto busca que los proyectos productivos que apoya cierren las brechas de desigualdad y necesidades, y mejoren la calidad de vida no sólo de las mujeres, sino de sus familias; por ello, enfatizó, se fomenta la capacitación productiva e individual para que puedan formar parte de las negociaciones comerciales.
Jorge Galo Medina Torres, representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) informó que esta dependencia tiene, dentro de sus programas, a “Agroemprendedoras”, el cual está orientado a fomentar el empoderamiento de las mujeres rurales, capacitándolas en un sistema de formación personal, actividades productivas y de negocio para incrementar la productividad de su región.
Detalló que este programa otorga incentivos preferentemente a los proyectos agroalimentarios, para apoyar a la población en condiciones de mayor marginación y vulnerabilidad y otorgar incentivos para la implementación de iniciativas productivas.
Jorge Fernández Rodríguez, gerente de la cooperativa Cruz Azul, dijo que la economía social no debe ser sólo para los pobres, sino también para los excluidos del trabajo, que activen las capacidades de desarrollo del país.
Estas empresas no deben ser consideradas como administradoras de pobreza, sino generadoras de capital, ya que están integradas por personas cuya aportación es el trabajo.
Pidió a los legisladores crear en el marco jurídico un vocabulario especial para este sector social que le permita diferenciarse de las empresas de capital privado, ya que esto contribuirá a que puedan competir y asegurar que el mercado tenga las bases de solidaridad interna.
Asimismo, propuso que parte de los excedentes de las empresas de economía social se destinen a expandir este tipo de negocios, lo cual fomentará la creación de empleos y mayor bienestar para la ciudadanía.
César Arnulfo Zepeda Prado, de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), resaltó que en la Ley General de Sociedades Cooperativas no existe una definición de este tipo de negocios. Es un pendiente, dijo, que falta puntualizar para el mejoramiento del marco jurídico.
Destacó que el reto será lograr una regulación y supervisión adecuadas y equilibradas, que no tengan más costos que beneficios. Además, refirió que en la reforma financiera se quedaron muchos pendientes como el reconocimiento pleno de la participación del sector social de las cooperativas de ahorro y préstamo en el sistema financiero en México.
Además de lo anterior, continuó, falta una mayor profundización del derecho cooperativo en nuestro país, y eso traerá consigo adecuaciones al marco jurídico general en el ámbito de la actuación de las cooperativas, no nada más en los temas del sector social, sino en el sistema financiero.
José de Jesús Moreno Pedraza, director de Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), destacó que la principal fuente de financiamiento para los ejidos y comunidades, son las sociedades de ahorro y préstamo; por ello, se les debe fortalecer y elevar su competitividad, a través de los productos y servicios que ofrecen, y consolidarlas como el eje impulsor del desarrollo.
Se requiere que las sociedades financieras de ahorro y préstamo sean el brazo económico de los proyectos productivos que se puedan emprender. “No queremos seguir siendo una institución de fomento, sino enseñarle a los beneficiarios, a través de sus ahorros o financiamientos, a que generen e impulsen proyectos productivos, con la finalidad de eliminar el asistencialismo”.
Aseguró que falta mucho por hacer, así como trabajar de la mano con las entidades financieras del sector social, con el propósito de que sean el conducto para llegar a las zonas más marginadas del país y se puedan financiar proyectos productivos viables y sustentables para cada una de las localidades del país.
