El presidente de este grupo de trabajo, diputado Javier Guerrero García (PRI), señaló que el motivo de la reunión fue conocer el panorama de trabajo que desarrolla el Coneval y los retos que existen en materia de evaluación de la política social, e identificar las dimensiones que adquieren desde el Poder Legislativo.
Destacó que uno de los objetivos será generar un calendario de actividades a realizar con el Consejo, que permita identificar temas centrales en las responsabilidades de la comisión en la materia.
El diputado federal por Coahuila mencionó que es indispensable que el Legislativo, particularmente las comisiones, recuperen la facultad de evaluar la política pública, ya que “el puente entre evaluación, asignación de recursos y determinación de contenidos de estas políticas y programas sería el Congreso”.
“Recuperar esa facultad implicaría tener capacidad de influir, por lo que debemos hacer un trabajo responsable y profesional para poner este tema sobre la mesa”, reiteró.
En su intervención, Hernández Licona, dijo que de 1950 a 2014 México tuvo un crecimiento económico per cápita de sólo 2 por ciento al año, por lo que “es muy difícil bajar la pobreza y tener mejores niveles de vida si el país continúa creciendo en este porcentaje”, afirmó.
Hay menos carencias en accesos básicos casi en todos los estados, pero en calidad no avanzan a la par de la cobertura, aunado a que los programas productivos no dotan a la gente de canales de comercialización donde tengan dónde vender sus productos, a fin de generar una salida productiva más clara.
Señaló que no hay una relación clara entre qué programas son efectivos para abatir la carencia; es el caso del Programa Especial Concurrente (PEC), que no cuenta con un objetivo o fin específico, “sus éxitos se deben a que ha logrado obtener más recursos cada año, pero no sabemos si estos llegan a su destino o son otros los beneficiados”.
En cuanto al Programa de Inclusión Social (Prospera), mencionó que ha tenido avances al igualar las brechas de asistencia escolar de niñas y niños; sin embargo, es menos claro y efectivo en áreas rurales.
El programa Cruzada Nacional Sin Hambre, indicó, necesita trabajar en un concepto general del “hambre”; ya que tiene el objetivo de reducir la problemática de la pobreza extrema, pero no es claro en cuanto a la relación con otros elementos como la desnutrición.
Se requiere que la población participe en las decisiones políticas, sociales y económicas del país, sobre todo en la más vulnerable como son los indígenas. “No tiene caso seguir con los mismos programas si el problema continúa, eso quiere decir que hacen falta unos nuevos o mejores”.
Hernández Licona precisó que el Coneval trabaja para ver de qué manera y hasta qué punto están representados los diferentes grupos de la población en cuanto a participación política, económica y social del país.
Informó que el consejo ha realizado más de mil 200 evaluaciones a programas federales del 2008 a 2015 y ha realizado informes de estas evaluaciones donde llevan a cabo un análisis de la política social del país.
Diputados de diversos grupos parlamentarios coincidieron en que se requiere crear una agenda de trabajo que permita colaborar con el Coneval, a fin de lograr combatir la pobreza.