Afirmó que si algún proveedor de bienes y servicios comete violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se seguirá actuando con base en el marco jurídico aplicable, para proteger los derechos de las y los compradores e imponer las sanciones económicas correspondientes.
Es la contestación de la Profeco a un dictamen con punto de acuerdo aprobado por los legisladores federales el pasado 20 de enero, donde se le solicitó implementar una estrategia para evitar el incremento injustificado de los precios de diversos productos y servicios en el mercado nacional, durante la denominada “cuesta de enero”.
La Profeco refirió que con el programa nacional realiza verificaciones a establecimientos con venta al mayoreo, menudeo o detalle, como son mercados públicos, misceláneas, expendios y centros de abasto, así como tiendas de autoservicio. Se vigilan los productos de la canasta básica como carne, pollo, tortilla, pan y huevo, entre otros.
Además, realiza la vigilancia a través de órdenes mixtas, mediante las cuales, en un sólo acto o visita, verifica que el comportamiento comercial de los proveedores se ajuste a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, y que los instrumentos de medición utilizados en las transacciones comerciales cumplan con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-10-SCFI-1994.
En cuanto al control de precios de artículos, materias y productos, la Profeco aseguró que actualmente en México no existen precios oficiales, pero realiza acciones de vigilancia y monitoreo permanente.
La información, abundó, se difunde a la población consumidora a través de la página www.profeco.gob.mx, con lo cual se dan a conocer los precios mínimos y máximos de la tortilla, carne, pollo, huevo, etcétera, que se registran en diversos estados del país, para una mejor decisión de compra.
Sostuvo que, de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, la dependencia federal no tiene facultades para fijar precios, ya que sólo vigila y sanciona a los proveedores que no respeten a los que son controlados.
Además, como un mecanismo de protección para los consumidores, se estableció la canasta básica, integrada por 82 productos y servicios, en la cual se consideran los gastos en alimentos, vivienda, vestido, mobiliario, equipamiento, educación, transporte y otros conceptos.
Aclaró que algunos de los productos de la canasta básica tienen su precio controlado, el cual fijan diversas autoridades. Por ejemplo, el del gas doméstico LP lo determina la Secretaría de Economía y el de la energía eléctrica y la gasolina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No obstante, para cumplir con su obligación de protección al consumidor, cuando no existen precios controlados, a través del programa denominado “Quién es Quién en los Precios” reporta el que registran 32 productos de la canasta básica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y otros que se encuentran en el mercado.
Precisó que en materia de precios, los objetivos del Inegi y la Procuraduría Federal del Consumidor son diferentes.
El Inegi, explicó, es la única autoridad facultada para medir la inflación que se registra y la Profeco recopila y difunde precios de los productos, con el mayor detalle posible de presentación, marcas y tienda donde se encuentran, para orientar consumidores y proveedores y, de esta manera, apoyar el funcionamiento eficiente de los mecanismos de mercado.
En el documento de respuesta, publicado en la Gaceta Parlamentaria, destacó que el programa “Quién es quién en los precios” es monitoreado por la Dirección General de Estudios sobre Consumo de la procuraduría y es operado conjuntamente con las delegaciones del interior de la República, en 31 estados de la República Mexicana y en la Ciudad de México. Es decir, precisó, se obtiene información de precios en 54 ciudades y 13 delegaciones políticas de la Ciudad de México.
Durante 2015, captó y difundió 16 millones 256 mil 891 precios de consumo generalizado, resultado de visitas semanales a supermercados, pescaderías, farmacias, papelerías, tiendas especializadas, en electrodomésticos y departamentales, así como tortillerías en 53 ciudades del país.
Respecto a la “cuesta de enero”, subrayó que difundió información sobre la importancia del ahorro de energía en temporada decembrina; un decálogo para un consumo responsable en el fin e inicio del año; el ahorro de una parte del aguinaldo para evitar la cuesta de enero y decálogo para el cuidado de las finanzas personales.
Los legisladores expusieron que como consecuencia de la temporada navideña, el primer mes de año es conocido como “la cuesta de enero”, producto de una combinación entre gastos extraordinarios correspondientes a la época decembrina y un inexplicable aumento de precios en una importante cantidad de productos y servicios.
Tan sólo en 2015, señalaron, el país presentó una inflación histórica. Hasta la primera quincena de diciembre, los datos del Inegi indican que era las más baja desde que se empezó a medir esta variable en México, es decir, desde el mes de enero de 1969. Ocho de los diez meses con menor inflación anual calculada han tenido lugar en 2015. La cifra más baja de inflación anual ocurrió en el mes de noviembre, con 2.21 por ciento.
