Indicó que otro aspecto importante es que se reconozca al INAI como responsable en el recurso de revisión en el tema de seguridad nacional, pues esto le permitiría integrarse como peso y contrapeso necesarios en un sistema democrático.
En su conferencia magistral, Puente de la Mora dijo que es necesario definir los criterios cuantitativos y cualitativos que permitan resolver de una manera muy puntual aquellas solicitudes que se refieran a violaciones graves a los derechos humanos, para el acceso a la información.
En su participación en el foro “Retos y Alcances de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, aseguró que el INAI tiene el compromiso de contribuir a alcanzar los estándares de transparencia y rendición de cuentas; por ello, trabaja en el acompañamiento a autoridades y privados que ejerza recursos públicos, para qué brinden a la ciudadanía el acceso a la información, explicó.
“Estamos convencidos de que la transparencia y el régimen democrático tienen una correlación y una relación indisoluble. Si estamos aspirando a mejores niveles de democracia en todos los aspectos, este es un tema fundamental”, enfatizó.
Recordó que la reforma del artículo 6 de la Constitución, donde se establecen las bases y principios del derecho de acceso a la información, dio pie a la creación del INAI, colocando a México como el primer país en contar con un organismo constitucional autónomo garante de la transparencia.
Puente de la Mora resaltó la necesidad de que exista un Sistema Nacional de Transparencia fuerte y ágil, y que la rendición de cuentas sea una realidad en el país; para ello, la Ley General de Transparencia estableció como plazo el 5 de mayo del 2016 para concluir con los procesos de armonización de las entidades federativas, señaló.
En este sentido, añadió que Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Querétaro y Tabasco son los estados que tienen este proceso de actualización completo. El INAI, agregó, se encuentra trabajando con cada una de las entidades de la República para efectuar esta armonización, no solamente como cumplimiento de una obligación constitucional, sino por una cuestión de ética pública.
Subrayó que con las recientes reformas en materia de transparencia, se pasó de 246 sujetos obligados a más de 850, incluyendo a cada estado del país, lo que ha generado que el INAI resuelva entre 180 y 220 de recursos de revisión semanales, cuando en 2015 se atendieron cerca de 8 mil casos y un poco más de 150 mil solicitudes de información.
Agregó que el instituto que representa tiene entre sus objetivos que los organismos tengan la mayor información disponible para que la ciudadanía no tenga que hacer solicitudes de información y mucho menos interponer recursos de revisión. “Se debe evitar que todo se judicialice”, recomendó.
Destacó que el Instituto tiene un 98 por ciento de cumplimiento de solicitudes, lo cual es un compromiso muy grande; además, ha interpuesto multas de hasta de 320 mil salarios mínimos a quien incumplió con los principios de protección de datos personales.
“En el año 2015 se interpusieron este tipo de multas por más de 140 millones de pesos a algunas empresas que no cumplían con estas disposiciones, que se verán enriquecidas con una normatividad que es necesaria también con la Ley General de Protección de Datos Personal”, mencionó.
La comisionada dijo que para la configuración del Sistema Nacional de Transparencia, el Archivo General de la Nación es una pieza clave, pues el correcto manejo de los documentos permitirá dar una pronta respuesta a la sociedad; por eso, indicó, es necesario promover la Ley General de Archivos, ahora en construcción.
De igual forma, mencionó que es fundamental impulsar la Ley General de Protección de Datos Personales, pues se tiene una normatividad muy dispareja entre sector público y privado.
Por su parte, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM), indicó que el proyecto de decreto en materia de Transparencia violenta el principio de legalidad y el debido proceso, porque se deja la última palabra en manos de la consejería jurídica del Ejecutivo federal.
La investigadora indicó que para evitar estas violaciones a la ley, es necesario que el INAI defienda la legalidad de la resolución impugnada por el Ejecutivo, y se establezca que los representantes de este organismo ofrezcan pruebas ante la Suprema Corte de Justicia para generar todos los elementos de defensa que permitan mantener el acceso a la información.
Propuso constituir un capítulo entero donde se especifique que todo empresario, monopolio y corporación que realice tareas públicas, a partir del pago de contraprestaciones, queden convertidas en plenos sujetos obligados en la Ley Federal de Transparencia y de las leyes de rendición de cuentas.
Sandoval Ballesteros refirió que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que de nada sirve avanzar en el índice de transparencia y alcanzar estándares de gobierno abierto, si esto no se refleja en el acceso a la justicia y no se abolen los intereses de derechos privados que muchas veces acotan el funcionamiento del Estado.
Afirmó que la corrupción florece por el ejercicio sin límites democráticos y jurídicos de los poderes formales y fácticos, por debilidad de las instituciones y a la inexistencia de mecanismos verdaderos de participación ciudadana que le permita a la sociedad vigilar y controlar a estos dos poderes.
Hoy más que nunca resulta imprescindible no divorciar el tema de la transparencia con la emergencia nacional y atender a la corrupción de las elites políticas, ya que esto no es un accidente súbito, sino un rasgo inherente de las estructuras políticas.
En la segunda mesa del foro, titulada “Acceso a la Información”, el comisionado del INAI, Oscar Mauricio Guerra Ford, comentó: en términos generales, “la Ley Federal de Transparencia es una norma aceptable que permite generar las condiciones para profundizar en los temas en la materia e inhibir actos de corrupción.
La ley, precisó, permitirá que los sujetos desobligados pasen a ser obligados, a través de una serie de medidas y mecanismos que van hasta las sanciones.
Guerra Ford indicó que 70 por ciento de las solicitudes de información recibidas por el INAI son para la Suprema Corte de Justicia; la Cámara de Diputados tiene alrededor de 150. El año pasado, subrayó, no tuvo ningún recurso de revisión, lo que no significa que contesten perfecto, sino que es imposible anteponer dicho recurso, por lo que es necesario modificar la ley en este sentido.
El presidente nacional del Comité de Anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alejandro Ríos Rippa, precisó que la Ley Federal de Transparencia es un mecanismo para combatir la corrupción e impunidad y fortalecer el Estado de Derecho en México.
Afirmó que para la Coparmex, la creación del Sistema Nacional de Transparencia permitirá construir uno de los pilares de la democracia en México, ya que transparencia y acceso a la información son fundamentales para mantener un clima de negocios sano que consolide al país como un lugar seguro y atractivo para la inversión.
Mencionó que la norma en referencia presenta 5 retos puntuales, entre ellos incrementar la participación ciudadana, ya que actualmente el 81 por ciento de las personas afirman que solicitar información al gobierno representa un trámite difícil; segundo, generar nuevos sujetos obligados entre los que se encuentran los sindicatos y los fideicomisos públicos.
Tercero, lograr la implementación de la ley en los estados; cuarto, modernizar los recursos técnicos para captar y compartir la información y, cinco, aplicar conforme al derecho las sanciones que reducirán la impunidad.
La coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Justine Dupuy, coincidió en que uno de los retos de la Ley Federal de Transparencia es culminar los cambios normativos en tiempo y forma y que se implementen de manera adecuada; armonizar las leyes de los estados, ya que a la fecha sólo Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Tabasco y Oaxaca lo han realizado.
El reto más importante, enfatizó, es que la transparencia y acceso a la información necesitan de voluntad política y no quedarse en el papel para que estos cambios normativos se transformen en prácticas.
