De acuerdo a sus atribuciones, estas instancias tendrán la facultad de recibir quejas de ciudadanos sobre el manejo de los programas a través de 138 mil comités, que involucran a medio millón de contralores sociales que actuarán en las 32 entidades del país. A fin de garantizar un resultado más óptimo en este proceso, las quejas presentadas serán turnadas al Órgano Interno de Control de la Sedesol, a cargo de Arturo Téllez Yuren.
Con este esquema de Contraloría Social se pretende que los ciudadanos coadyuven con la Secretaría y los organismos sectorizados a vigilar que los programas sociales se implementen y ejecuten de manera adecuada.
Con este nuevo esquema que impulsa el secretario José Antonio Meade se fortalecerá la puntual vigilancia de los programas sociales.
Una de las metas de este nuevo esquema es brindar un mayor empoderamiento a los ciudadanos, ya que la Contraloría Social está integrada por los beneficiarios o titulares de los derechos, quienes serán capacitados sobre la operación, reglas y alcances de los programas.
Durante la presentación, Meade Kuribreña resaltó que las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto son trabajar e involucrarse con la sociedad. “De nuestra parte queremos que el trabajo de la Secretaría sea transparente y que en nuestra actividad diaria nunca medie corrupción”, expuso.
Recordó que el Gobierno de la República exige un ejercicio transparente y honesto, por lo que este nuevo esquema de participación ciudadana será la vía para ser el enlace entre la Secretaría y los beneficiarios de los programas.
Ante más de 5 mil personas que se dieron cita en la plaza Juárez de la ciudad de Pachuca, Meade explicó que las medidas de blindaje electoral que aplica la Sedesol son independientes de cara al funcionamiento de las Contralorías Sociales, las cuales tienen tareas complementarias y de reforzamiento. “Queremos desarrollar nuestra función frente al ciudadano y que ellos deslinden responsabilidades ante las instancias legales correspondientes”, destacó.
En su oportunidad, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, señaló que el combate a la pobreza y la corrupción representan dos luchas que no sería posible realizar sin la ayuda de los ciudadanos.
Precisó que el concepto de Contraloría Social tiene que ver con la participación de las comunidades en la aplicación de los programas, “y este es un nuevo capítulo, en el que no sólo se trata de reportar el resultado o llenar formatos, sino de participar con la autoridad haciendo sugerencias de cómo llevar mejor la gestión y hacerle mejoras”.
El secretario de la Función Pública comentó que siete de cada 10 comités están conformados por mujeres, por el involucramiento que tienen y por el arraigo en su propia comunidad, además de que en sus tareas diarias son muy escrupulosas y vigilantes de que todo vaya bien.
En tanto, el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, dijo que esta Contraloría será los ojos que vigilen que los recursos de los programas y las acciones lleguen a los lugares y personas que en verdad los necesitan. Indicó que tan solo en la entidad que gobierna serán desplegados 3 mil 300 comités que serán garantes de la vigilancia y que reforzarán las tareas de fiscalización electoral que se llevarán en el estado este año.
Este proyecto de vigilancia ciudadana cuenta con el aval del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de Transparencia Mexicana, cuyos representantes, Citlali Tovar y Eduardo Bohórquez, estuvieron presentes como testigos de honor de su relanzamiento a nivel nacional.
