Señaló que en los últimos años las cifras superan: más de 60 mil homicidios relacionados con la delincuencia organizada en el sexenio anterior y más de 57 mil en lo que va del presente; 25 mil desapariciones forzadas desde 2007, de las cuales aproximadamente la mitad se han presentado en este sexenio y en las que el caso de Ayotzinapa únicamente marca un hito en la realidad nacional. Innumerables casos de ejecuciones extrajudiciales, que tienen en Tlatlaya su expresión más lamentable, sólo por mencionar algunos, aseveró el diputado por Oaxaca.
“Debemos señalar que la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes tienen un común denominador: la acción de actores del Estado, que debieran resguardar los derechos y las libertades de todas y todos los habitantes del territorio nacional. Nos encontramos ante hechos delictivos que, por su naturaleza y gravedad, comprometen no sólo la vida de nuestros conciudadanos, sino también la viabilidad misma de México como país independiente, libre y soberano” enfatizó Martínez Neri.
El líder perredista indicó que su grupo parlamentario se encuentra plenamente convencido de legislar como izquierda y actuar de manera conjunta en estas tareas, porque este es el mayor desafío con el que nos hemos encontrado en los últimos años, no sólo como legisladores, no sólo como funcionarios públicos sino como personas que, desde la izquierda, luchamos porque el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos constituya la realidad cotidiana que sustituya a la que hoy vivimos, cargada de violencia criminal por parte de la delincuencia organizada y del propio Estado.
El legislador, dijo que la expedición de una ley en materia de desaparición forzada de personas constituye una deuda insolventable con las víctimas, directas e indirectas, de estos crímenes, también establece la necesidad ineludible para la elaboración de una propuesta conjunta en materia de seguridad, que solvente los errores que nos han conducido a esta grave crisis de derechos humanos.
Es nuestra convicción que el pleno ejercicio del derecho a la seguridad es la base de cualquier régimen democrático y es el único de los derechos humanos que, cuando es plenamente garantizado, permite el libre ejercicio de los demás derechos.
Finalmente, subrayó que resulta inaceptable que, en los albores del siglo XXI, nuestra juventud se vea acosada por un panorama de violencia generalizada, cuya resolución depende de la acción decidida de los actores políticos y sociales en contra de la corrupción, la infiltración, la delincuencia, en favor de la legalidad, la democracia y que favorezca la construcción de una ciudadanía activa. Esa es la tarea de las izquierdas y el reto que deberemos afrontar como legisladores, concluyó.
