Ciudad de México, México.– La violación de cualquier derecho ciudadano incide y empobrece la solidez del Estado democrático constitucional, afirmó el consejero Martín Faz Mora, quien aseguró que el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) en la prevención de la discriminación es fundamental para resolver las brechas de desigualdad y en los procesos electorales.
Al participar en la inauguración del Ciclo de Conferencias Guía para la Acción Pública. Foro 1 Participar y Votar en Igualdad, organizado por el INE y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Faz Mora sostuvo que una democracia cimentada sobre una base constitucional y convencional de derechos humanos obliga a los órganos estatales a obedecer la interconexión que existe entre la totalidad de los derechos.
La consejera Adriana Favela Herrera afirmó que el Instituto Nacional Electoral ha avanzado de manera muy importante en la implementación de acciones afirmativas en favor de los derechos de las mujeres y de los grupos vulnerables del país a fin de garantizar sus derechos político-electorales.
Lamentó que la cultura discriminatoria prevalezca en México, por lo que señaló que el principal reto de la sociedad en su conjunto es cambiar esta concepción y reconocer los derechos de las personas en general.
“Lo que tenemos que buscar es un cambio cultural, porque nosotros podemos seguir con estas acciones afirmativas y en el INE todas las personas estamos comprometidas con esta circunstancia, pero la realidad es que si no tenemos un cambio cultural donde desterremos la discriminación y donde entendamos que todas las personas tenemos derecho a expresarnos políticamente, a participar de manera activa en las elecciones, no vamos a poder llegar a un buen puerto”, advirtió.
Trabaja el INE en el fortalecimiento de cultura de los derechos
El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña refirió que en la medida en que se atiendan los temas relacionados con los grupos vulnerables, con base en sus causas, se estará en el camino correcto frente a la posibilidad de garantizar más derechos.
Por ello, destacó que este Foro es una buena oportunidad para reforzar la idea de que el INE no sólo contribuye a que la cultura de los derechos se realice, sino que además trabaja para que se siga fortaleciendo en el país.
El jurista e investigador nacional, Miguel Carbonell Sánchez, lamentó que en México prevalezcan actos discriminatorios en términos político-electorales para los extranjeros que viven y trabajan en el país, pero que tienen acotado el acceso a puestos de elección popular.
“Hace falta volver a traer unos temas quizá de carácter estructural que a veces se nos olvida y que tienen que ver con quiénes pueden participar políticamente en México”, demandó.
El profesor-investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Mario Alfredo Hernández Sánchez, sostuvo que a pesar de los avances en materia de combate a la discriminación todavía está vigente la máxima de que México se divide en dos grandes grupos: “entre quienes el día de hoy ya experimentan la discriminación y quienes la van a experimentar el día de mañana”.
Consideró fundamental que las acciones educativas y culturales encabezadas por el INE y Conapred en favor de la no discriminación se mantengan más allá del proceso electoral, porque son una herramienta para abordar los retos de una democracia participativa, libre de violencia y discriminaciones.
La profesora-investigadora en el Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, María Teresa González Luna aseguró que la pandemia agudizó las desigualdades y la discriminación a que han sido sometidos grupos vulnerables del país.
La pandemia por COVID-19, lamentó, marca condiciones distintas para la participación en el proceso electoral, las cuales deben ser atendidas porque el confinamiento ha llevado a perder oportunidades y espacios de interacción propios de los ambientes políticos y electorales.
La investigadora, presentó cuatro cuadernillos informativos cuyo objetivo es servir de guías de acción pública-electoral en favor del ejercicio de los derechos humanos, particularmente de los derechos político-electorales y que fueron desarrollados de manera conjunta entre el INE y Conapred.
