Todo porque no se propone hoy un marco legal y regulatorio que tolere la persistente dominancia de los operadores dominantes de los segmentos fijo y móvil que en promedio acaparan tres cuartas partes de todo este dinámico mercado.
Puede parecer un juego de palabras, pero lo que ha hecho falta para una regulación efectiva que llegue a una competencia efectiva, es un ente regulador autónomo de sus regulados, (que no necesariamente independiente), que se constituya como ventanilla única para operadores y consumidores, y que cuente con el músculo suficiente para aplicar a cabalidad el marco legal vigente.
A lo largo de este arduo proceso de intento de maduración de la competencia hemos tenido una COFETEL que capítulos antepasados padeció captura regulatoria a cabalidad. Ya en el sexenio pasado dio señales claras de autonomía respecto a sus regulados, aunque su dinamismo regulatorio distó de ser el óptimo o ni siquiera suficiente para las necesidades del sector. Actualmente, la COFETEL hace lo que puede con el músculo institucional y regulatorio que se le ha atribuido, pero se ha quedado corto en muchos sentidos.
Vale entonces formular la siguiente pregunta ¿Qué tipo de organismo regulatorio necesitamos para el desarrollo integral del sector y consecuentemente del país?
En la referida Reforma en revisión hoy por el Senado de la Republica se propone la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano constitucional autónomo, que sería completamente independiente en términos de disposiciones, funcionamiento, estatutos internos, ejercicio de su presupuesto e incluso, podrá emitir disposiciones administrativas de carácter general. A su vez, el IFT se convertiría en la única autoridad en materia de competencia económica en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, atribución que previamente correspondía a la Comisión Federal de Competencia (CFC).
El IFT tendrá derecho a conceder y revocar concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones. Por lo tanto, el nuevo IFT podrá regular a los participantes en el mercado, imponer regulación asimétrica a los operadores dominantes, imponer límites a la concentración de frecuencias y la propiedad de los medios de comunicación. Finalmente, y a manera de apoyo, la Reforma también prevé la creación de tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, que sólo conocerán temas relacionados con la industria.
Esta autonomía regulatoria define el nuevo camino a seguir en el corpus institucional de las telecomunicaciones mexicanas.
Sin embargo, para la revisión legislativa en cuestión es oportuno advertir que, en la mayoría de los países a nivel mundial (al menos de aquellos países a cuyos sectores de telecom queremos acercarnos en desempeño), incluyendo países como el Reino Unido, Colombia o Chile, estos organismos regulatorios no cuentan con el grado extremo de independencia. En su operación reportan a alguna instancia superior, ya sea el Poder Ejecutivo, Legislativo, o incluso Judicial.
Conviene entonces que en estas horas y días nuestros Senadores contemplen el riesgo de que en el escenario de extrema autonomía de IFT y en un caso de nueva la captura regulatoria, corremos el riesgo de quedar varados en ese status por el plazo de 9 años del encargo a los nuevos comisionados.
O bien, si todo sale como esperamos, un IFT que reporte su desempeño al Poder Ejecutivo se puede constituir como elemento esencial de comparsa de de las políticas económica y social, como parte de la política de desarrollo integral del país.
Twitter: @ernestopiedras
