Ciudad de México, México.– “Es inaceptable que aun cuando el Estado incumpla con su deber de investigar y, por ende, de juzgar delitos imputados a quienes hoy pretenden ocupar un cargo de elección popular, violando el derecho de tutela judicial efectiva a mujeres que denunciaron esos hechos, invocando el principio de presunción de inocencia, se otorgue el registro a la persona que se vio favorecida por la inactividad de las autoridades del Estado”, sostuvo la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala Pérez.
Al moderar el Panel; “Retos institucionales ante el Procesos Electoral 2020-2021”, como parte del Foro “Derechos Políticos y Electorales de las mujeres. Hacia un Proceso Electoral 2020-2021 con paridad y sin violencia política contra las mujeres”, sostuvo que los retos de las instituciones no son menores en materia de paridad de género, violencia política contra las mujeres por razón de género y buenas prácticas para implementar en el proceso electoral actual.
“Uno de los grandes retos es interpretar el derecho más allá de su neutralidad, que ha justificado un trato que por años ha discriminado a las mujeres”, aseveró.
La Consejera Zavala Pérez mencionó que las reformas de paridad en todo, de junio de 2019, y de violencia política contra las mujeres por razón de género, de abril de 2020, han permitido que las autoridades electorales busquen la forma para proteger y garantizar los derechos político-electorales de este sector.
Se ha logrado la paridad en el Congreso de la Unión y se exigirá en las 15 gubernaturas que se renovarán en el proceso electoral, mientras que en cuanto a violencia política contra las mujeres por razón de género, se cuenta con un modelo que permite dar una respuesta rápida y efectiva a quienes por el sólo hecho de apropiarse de sus derechos, son víctimas de diferentes tipos de violencia, ya sea como aspirantes, como precandidatas o candidatas a un cargo de elección popular y en el ejercicio del cargo.
Además, partir de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha visibilizado desde el inicio del proceso electoral federal a las personas que han sido condenadas por violentar a las mujeres, “a través de un Registro de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, como una forma de impedir que las personas violentadoras pasen desapercibidas en nuestra sociedad y también para que las autoridades electorales cuenten con elementos objetivos al momento de analizar la procedencia del registro de las candidaturas”.
En su intervención, la presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), María del Mar Trejo Pérez, estableció que mientras no exista redefinición del espacio privado con el público y del rol de la mujer en la vida privada “estará en un plano de desigualdad en el acceso al ejercicio de los cargos públicos”.
Precisó que sigue pendiente en la agenda pugnar por el respeto de los derechos humanos como el de igualdad, no discriminación y el de la paridad “porque debemos llegar a una democracia paritaria con igualdad de trato de oportunidades y de toma de decisiones en beneficio del desarrollo”.
Hay candidatos denunciados por sus víctimas
La representante de la Red “Nosotras tenemos otros datos”, Patricia Olamendi Torres, planteó los avances y retos de la violencia política contras las mujeres en razón de género y denunció que actualmente hay varios candidatos de diferentes partidos cuyas víctimas han presentado denuncias de violación e incluso de trata y de explotación infantil.
Apeló a no permitirlo e invitó a reflexionar: “si el dinero público que proviene de los impuestos deba destinarse a patrocinar campañas de estos personajes”.
Sobre la “Medida 3 de 3 contra la violencia y su trascendencia en el proceso electoral”, la activista y cofundadora del Colectivo “Constituyentes CDMX”, Yndira Sandoval Sánchez enfatizó que estos formatos para que las personas que violenten a las mujeres no ocupen cargos de elección o formen parte de las estructuras de los partidos políticos, “representan un emplazamiento a la clase política y a las instituciones del Estado a la responsabilidad institucional y la ética pública.
“La 3 de 3 viene a completar este marco jurídico, porque la violencia política protege a las mujeres políticamente activas y la 3 de 3 voltea a ver a las mujeres que no necesariamente están en la política, pero que son víctimas de estas personas que ostentan un doble privilegio: el de ser hombres con poder en un sistema patriarcal y que se traduce en total impunidad a las mujeres” y agregó “no permitiremos que deudores económicos y acosadores lleguen al poder”.
Finalmente, en el tema “Inteligencia financiera en el combate a la violencia contra las mujeres”, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, precisó que, a partir de las reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, este año, se logró tipificar como delito electoral, la violencia política contra las mujeres.
Detalló que desde el inicio del proceso electoral hasta el 20 de febrero del 2021, la Fiscalía han recibido seis denuncias, cuatro de las cuales se encuentran en trámite, además de que con el INE firmaron un convenio para realizar acciones específicas como dar información para individualizar la sanción, bloquear las cuentas de agresores y el desarrollo de modelos de riesgo para combatir la violencia política en contra de las mujeres.
Hombres deben ser aliados y no agresores en el combate a la violencia política contra las mujeres
A pesar de todos los avances alcanzados en el combate a la violencia política en contra de la mujer, falta mucho para lograr una sociedad incluyente donde se respete a las mujeres, por lo que el llamado a los hombres es a que sean aliados y no los agresores, sostuvo la Consejera Adriana Favela Herrera.
Al moderar el Panel: “Mujeres y Participación Política. Experiencias, Aprendizajes y Retos”, del Foro “Derechos Políticos y Electorales de las mujeres. Hacia un Proceso Electoral 2020-2021 con paridad y sin violencia política contra las mujeres”, sostuvo que “faltan muchas cosas por hacer para lograr, realmente una sociedad incluyente en donde se respeten a las mujeres y las niñas, y podamos vivir en paz y seguridad”.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, Favela Herrera lamentó que en México haya una sociedad que no respeta ni protege a las niñas y mujeres.
En 2020, dijo, se registraron 939 feminicidios, es decir, aproximadamente dos a tres mujeres al día fueron asesinadas en México; 16 mil 545 mujeres denunciaron ser víctimas de violación sexual, aproximadamente 45 mujeres al día son violadas, casi dos mujeres en una hora.
Subrayó que en México se ha avanzado mucho en materia de paridad y en la regulación de la violencia política en contra de las mujeres a través de diversas acciones afirmativas aprobadas por el INE, pero también ha aumentado de forma considerable la violencia política contra las mujeres por razón de género.
Son violentadas las mujeres en cualquier momento: cuando buscan una candidatura al interior de sus partidos políticos, cuando alcanzan la candidatura, al lograr el triunfo en la elección o bien, al tomar posesión de los cargos.
“La lucha no es solamente de las mujeres, también es de los hombres, y por eso también en este día hago un llamado para que los hombres mexicanos se sumen a este cambio cultural y sean nuestros aliados y no nuestros agresores”, convocó la Consejera.
No hay paridad en el ejercicio del poder
La diputada federal Ana Lucía Riojas Martínez, activista por los derechos de las mujeres, narró su experiencia para alcanzar una diputación sin partido, acompañada de un acuerdo político con la coalición Por México al Frente.
Denunció que, si bien este año se alcanzó por primera ocasión la legislatura de la paridad, donde 241 asientos están ocupados por mujeres “pero ni de broma se ejerce la mitad del poder desde las mujeres, hasta hace poco ninguna ocupaba la cabeza de un órgano de gobierno de la Cámara de Diputados o era coordinadora de bancada” y consideró necesario comenzar a pensar cómo ejercer el poder “para que permeé en la manera de hacer política”.
La senadora con licencia, Claudia Anaya Mota, aseveró que gran parte del andamiaje de un proceso electoral está en manos de hombres, hay más dirigentes y exdirigentes hombres “que son los que tradicionalmente arropan una candidatura” y “las mujeres tenemos que ocupar esos espacios, no permitir dejar esos huecos que vulneren la elección”.
Consideró necesario que las estructuras partidarias deben arropar de manera adecuada a las mujeres para tener una contienda más equilibrada, ya que al momento de definir una candidata mujer por “un acompañamiento o hermandad política entre ellos”, la mayoría de los varones retiran sus apoyos económicos, sociales o de base política.
Atender y reparar derechos, pero también medidas de compensación
Posteriormente, la lideresa del movimiento de mujeres afrodescendientes en Oaxaca, Paula Cruz Guzmán, quien en 2018 fue candidata a ocupar la presidencia de la Agencia de policía de su comunidad, en donde contendió con cuatro hombres contó cómo sufrió amenazas por la esposa de uno de los candidatos.
“Las mujeres no pueden mandar donde se manejan recursos”, dijo, al puntualizar que los hombres en la costa no reconocen los derechos de las mujeres, no saben de violencia política contra las mujeres, no asisten a cursos de capacitación y consideró que los agresores de mujeres no deben ocupar un cargo.
En su intervención, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Rubén Lara Patrón, enfatizó que normativamente no sólo se deben establecer mecanismos de reparación integral, es decir, atender y reparar los derechos que fueron vulnerados además de las secuelas, así como establecer medidas de compensación, satisfacción y de no agresión para corregir y disuadir conductas.
“Esta posibilidad de hablar sin tapujos de la violencia implica retos que se parece importante entender” primero saber qué es en realidad la violencia política en razón de género y sus alcances; deconstruirnos para construirnos, es decir, educar todo nuestro entorno, además de entender que somos acompañantes, respetuosos y comprometidos en la generación de un cambio social.
