Ciudad de México, México.— La Ley Federal del Trabajo sin contemplas lenguaje incluyente, perspectiva de género e igualdad salarial para las jornaleras agrícolas, quienes sufren una triple discriminación: de género, condición social y de pertenencia a grupos étnicos, limitando su acceso y goce a los derechos humanos, señaló la diputada morenista, Wendy Briceño Zuloaga.
Al presentar una iniciativa en esa materia, la también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género expuso que en el caso particular de las mujeres indígenas que trabajan como jornaleras agrícolas, viven marginación y extrema pobreza tanto en sus lugares de origen como en los de destino; “son las asalariadas más explotadas y desprotegidas del medio rural y están sujetas a un proceso de pauperización paulatina, cuya alta movilidad obstaculiza su propia organización”.
En un comunicado, consideró que es de suma importancia hacer un abordaje diferenciado y con perspectiva de género de la situación de la población jornalera agrícola, visibilizando las desigualdades y las brechas de protección social y salud que históricamente ha padecido este sector, con pertinencia cultural a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
“En especial hacia las mujeres indígenas que sufren una triple discriminación: de género, condición social y de pertenencia a grupos étnicos; limitando su acceso y goce a los derechos humanos”, señaló Briceño Zuloaga.
En este sentido, refirió que además han sido invisibilizadas por nuestro sistema normativo el cual hace referencia a “jornaleros agrícolas” y en el mejor de los casos a “personas jornaleras agrícolas” pero no así a “jornaleras agrícolas”.
La legisladora por Morena expuso que en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2020, se estima que hay alrededor de 3 millones de personas trabajadoras laborando en los campos agrícolas, de los cuales el 46.3% es indígena.
Añadió que en el caso de las mujeres, quienes en 2020 eran aproximadamente el 15% de las personas jornaleras agrícolas, enfrentan fuertes rezagos sociales, que se expresan en el incumplimiento y goce limitado o nulo de sus derechos humanos y laborales.
“Ellas salen a trabajar al igual que el resto de los hombres antes de que despunte el sol y cuando están de regreso en sus viviendas, son las responsables de preparar y dar los alimentos a todos los miembros de la familia que hayan salido a trabajar incluyéndose ellas”, apuntó.
Abundó que, aunado a las complejidades de las dobles e incluso triples jornadas de trabajo remunerado y no remunerado, se suman las agresiones físicas, sexuales, verbales, psicológicas y emocionales por parte de sus compañeros o de quienes son sus jefes en el espacio de trabajo, o en el traslado hacia el mismo.
“Esta violencia se reproduce en los espacios institucionales cuando algunas de ellas deciden buscar ayuda o denunciar”, agregó.
Expuso además que la población jornalera agrícola y migrante ha enfrentado un proceso de empobrecimiento durante décadas, es por eso que ingresa un mayor número de integrantes de la familia al trabajo remunerado como las niñas, niños, mujeres y adolescentes, a quienes históricamente se les reconoce como acompañantes, pero quienes día a día han ido desempeñando un papel cada vez más activo.
Subrayó que las condiciones laborales de quienes trabajan en los campos agrícolas son sumamente precarias, ya que el 93.4% de la población jornalera agrícola carece de contrato; el 90.9% carece de acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo y el 85.3% no cuenta con prestaciones laborales.
