En su exhorto, refirió que el informe “Un camino incierto. Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiados en México”, revela que desde la entrada en vigor del programa, el número de operativos y verificación migratoria se incrementó de manera significativa en 73 por ciento, entre 2013 y 2014, al pasar de 16 mil 182 a 27 mil 992, propiciando “mayores violaciones sobre derechos humanos”.
A su vez, continuó, el reporte “Migrantes invisibles, violencia tangible”, dado a conocer por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, precisa que con la ejecución del mencionado programa hubo un incremento de 29 mil 804 deportaciones; es decir, en 2013 se registraron 77 mil 395 migrantes centroamericanos deportados, mientras que en 2014 un total de 107 mil 199, entre guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.
Dicho reporte, afirmó el punto de acuerdo de Contreras Julián que analiza la Comisión de Gobernación, destaca que los principales delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por autoridades mexicanas en contra de migrantes centroamericanos, están vinculados con robos o ataques a los derechos de propiedad privada con 76 por ciento, violaciones a la integridad física con 17 por ciento y a la libertad personal 7 por ciento.
Las instituciones que cometieron más violaciones, principalmente a la propiedad privada de los migrantes, son: Policía Federal (41 por ciento), policía municipal (24 por ciento), grupo policiaco indeterminado (14 por ciento), policía estatal (12 por ciento), agentes del Instituto Nacional de Migración (6 por ciento), Ejército (1 por ciento) y entre policía judicial, Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial y la Marina, concentran el 2 por ciento restante.
La diputada Maricela Contreras, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que, aunado a ese panorama, la nueva configuración del presupuesto “pone en duda el futuro del Programa Integral Frontera Sur, lo cual crea incertidumbre sobre las acciones que debe llevar a cabo el gobierno para atender el fenómeno de los migrantes con una clara vocación de respeto a sus derechos y de no represión”.
Recordó que con la estructura programática presentada dentro de la política presupuestal base cero, propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2016, se fusionaron dos de las tres unidades administrativas en materia de migración en el programa presupuestario denominado E008 Política y Servicios Migratorios, pertenecientes a la Secretaría de Gobernación, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y el Instituto Nacional de Migración.
Comentó que el Centro de Análisis e Investigación AC señala que esa situación puede representar un retroceso en la atención a los migrantes, pues la estructura programática presentada, lejos de garantizar que se cumpla lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo respecto a la protección de estas personas, vulnera el goce pleno de sus derechos humanos.
El PIFS surgió en un panorama de crisis marcado por el alto flujo de extranjeros, mayoría centroamericanos en situación irregular, por el aumento de accidentes en el tren de carga conocido como “La Bestia” y por las agresiones de grupos criminales contra los migrantes. Entre 2002 y 2014, detalló, al menos 476 migrantes que fueron mutilados por el tren, perdieron una pierna, brazos o ambas extremidades, según datos del Instituto Nacional de Migración y el Comité Internacional de la Cruz Roja en México.
Entre las metas del PIFS se encontraba focalizar acciones y programas de la frontera sur con 23 municipios limítrofes con Guatemala y Belice, a través de monitoreo, uso de nuevas tecnologías, patrullajes y mantenimiento de las vías; rehabilitación de espacios públicos; acciones contra el crimen para combatir el tráfico y la trata de personas; el fortalecimiento de las fiscalías para la atención de los migrantes; alojamiento, alimentación y atención médica primaria en el marco del programa de retorno asistido, entre otras.
Sin embargo, enfatizó, la aplicación del PIFS ha dado resultados negativos; por ello, es fundamental que la Segob difunda el destino que tendrá y las acciones por implantar para atender el fenómeno migratorio que garantice el pleno respeto de los derechos humanos, puntualizó la diputada del PRD.
