La Comisión de la Reforma Agraria del Senado estableció en el dictamen aprobado que es urgente esta acción, debido a que el Estado aún no ha logrado dar una respuesta efectiva para impulsar el desarrollo del campo; y aún quedan pendientes de certificar un total de mil 997 núcleos agrarios.
El punto de acuerdo, avalado el pasado 20 de octubre, refiere que la fallida y lenta titulación de tierras no ha servido para atraer al campo nuevas inversiones; y no fueron suficientes las modificaciones al artículo 27 constitucional, ya que subsisten problemas de invasiones y regularización de la tierra que inhiben la inversión.
Además, todavía no se ha superado la desigualdad y pobreza de la población rural: de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el año de 2010, la pobreza en las zonas rurales representó 64.5 por ciento, es decir aproximadamente 17 millones de personas que vivían en poblaciones rurales se encontraban en esta situación.
Cabe recordar que el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar ha actualizado el padrón de núcleos agrarios, que para el 31 de diciembre de 2012 era de 31 mil 870, de los cuales: 29 mil 519 corresponden a ejidos y 2 mil 354 a comunidades, que en conjunto suman una superficie de 100 millones 253 mil 236 hectáreas, que equivalen al 51 por ciento del territorio nacional.
Los senadores señalaron que la regularización de la tierra y la certeza jurídica en el campo motivarán la participación social, de los productores y sus organizaciones, con lo que habrá una mayor intervención en el diseño, integración, definición, supervisión y evaluación de las políticas públicas del sector rural.
También refirieron que sólo a través de una actualización efectiva de los instrumentos que rigen la vida interna de los núcleos agrarios, y un verdadero padrón que refleje la movilidad en la transmisión de los derechos, es como los sujetos agrarios contarán con los elementos necesarios que les permitan, en primer término, establecer las relaciones de convivencia entre sus integrantes, para disminuir los conflictos.
En segundo lugar, permitirá establecer las bases que les permitan asociarse con terceros para la explotación sustentable de sus recursos, así como tener los elementos necesarios para defender sus derechos cuando estos sean vulnerados.
