La denuncia es por los delitos contra la administración de justicia, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y los que resulten.
La penalidad por los delitos contra la administración de justicia va de los 4 a los 10 años de prisión; por abuso de autoridad, de 9 a 12 años de cárcel y por ejercicio indebido del servicio público, 2 a 7 años de prisión.
Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, explicó que dichos servidores públicos cometieron irregularidades graves durante el proceso de detención e integración de la averiguación previa de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro, lo que dejó a las víctimas de este delito en la total indefensión y sin acceso a la justicia.
Florence Cassez fue liberada el 23 de enero del 2013, tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
