Ciudad de México, México.–Todos los proyectos de la inversión privada en la Ciudad de México deben estar en el marco de la ley y cumplir con las normas establecidas, con el fin de evitar una situación similar como la ocurrida en la obra inmobiliaria de Presa Anzaldo, Alcaldía Álvaro Obregón, misma que se construyó sin permisos y sobre un vaso regulador de la capital del país, por lo que el viernes pasado inició su demolición, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.“Como hemos dicho en otras ocasiones, como lo dice el Presidente de la República: al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie. Nosotros queremos que haya inversión privada en la ciudad, pero siempre tiene que estar en el marco de la ley, y particularmente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ha estado suspendiendo diversos, o suspendió el año pasado principalmente, diversos desarrollos que estaban fuera de la ley”, puntualizó.
Sheinbaum Pardo, explicó que, la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios que no cumplían con las normas acudieron ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) para ajustar sus proyectos. Sin embargo, dijo, en el caso de la obra en Presa Anzaldo no ocurrió así, continuaron con las obras de construcción y cuando se terminó el plazo de suspensión del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), iniciaron los trabajos de demolición cuyo costo correrá a cargo de la empresa.
“Siempre el particular tiene algunas otras opciones jurídicas, pero esperamos que los jueces, dada toda la información y toda la base de sustento que tiene este caso, (…) permitan realmente que se siga con este procedimiento que marca realmente un antes y un después en estos procesos de corrupción que se dieron en la administración pasada, que sin permiso se desarrollaron todas estas obras sobre un vaso de regulación fundamental para la ciudad”, indicó.
La secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Marina Robles García, señaló que el desarrollo inmobiliario contaba con diversas condiciones de incumplimiento para el proyecto ubicado en Periférico 3042, por lo que la empresa deberá pagar una multa de 61 millones de pesos y tiene la obligación de restaurar el sitio, así como asumir el costo de la demolición que asciende a un estimado de 30 millones de pesos.
Las condiciones de incumplimiento que llevaron a la demolición son las siguientes:
El desarrollador no demostró que tuviera uso de suelo que le permitiera hacer este tipo de obra.
No se contaba con Dictamen de Impacto Urbano, Manifestación de Impacto Ambiental y había irregularidades en la manifestación de construcción.
El proyecto contaba con negativa en materia ambiental. Construyó sin autorización.
Invadió la zona federal (el cuerpo de agua).
Robles García comentó que el proceso de demolición será de 60 días y en el lugar se encuentran trabajando 80 personas de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), con el apoyo de las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).
La demolición de la obra se realiza como parte del dictamen de Daño Ambiental número SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/002946/2019, que constaba de un edificio de oficinas con 11 niveles bajo nivel de banqueta, con una superficie de construcción de 26 mil 141.39 metros cuadrados (m2), y 18 niveles sobre nivel de banqueta, con una superficie de construcción de 26 mil 881.584 m2.
A la fecha, se tenía una superficie de construcción total de 53 mil 22.974 m2, que representa el 75 por ciento de avance con respecto al proyecto completo, con una inversión de 402 millones 51 mil 855 pesos.
La directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), Andrée Lilian Guigue Pérez, refirió que el 4 de julio de 2019 la Sedema emitió una resolución, a través de la cual se determinó la demolición de dicho inmueble y la imposición de una multa, pero el representante legal de la desarrolladora promovió un juicio de nulidad en contra de dicha determinación ante el TJACDMX y obtuvo, de manera provisional, la suspensión del acto, a fin de continuar con la construcción.
Asimismo, la procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Mariana Boy Tamborrell, comentó que se iniciaron diversos juicios relacionados con el proyecto inmobiliario en Presa Anzaldo, entre ellos, un juicio de lesividad, presentado por la SEDUVI mediante el cual se determinó la suspensión para que no se continuaran con los trabajos de construcción.
“También presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía en contra del DRO (Director Responsable de Obra) y quienes resulten responsables. Esta denuncia penal sigue su curso (…) hemos sido varias instancias quienes hemos estado coordinados para implementar una estrategia común litigiosa que nos permitiera llegar a la demolición de un caso como este, que es el símbolo a la corrupción y a la impunidad inmobiliaria en la Ciudad de México que se venía presentando en años anteriores”, precisó.
Boy Tamborrell dijo que, desde el 2014 la dependencia a su cargo inició una investigación de oficio de diversos expedientes pendientes o abandonados y en 2017, se presenta la primera acción pública en contra del certificado de uso de suelo en Presa Anzaldo, que estaba mal emitido, y del registro de manifestación de construcción que también estaba mal emitido por estar sustentado en este certificado único de suelo.
A partir de esta acción pública interpuesta por la PAOT, se concede la suspensión y la custodia de folios, y finalmente la Alcaldía Álvaro Obregón deja sin efectos el registro de manifestación y por lo tanto se sobresee esta acción pública. Además, la revisión de los documentos por la dependencia también llevó a la demolición de diversos pisos en una obra ubicada en avenida Baja California 370, Alcaldía Benito Juárez.
