Al responder a una de las 83 preguntas legislativas formuladas con motivo del tercer informe presidencial, la Presidencia de la República informó que el Sistema Procesal Penal Acusatorio estará operando, de forma total o parcial a finales del 2015 en las 32 entidades federativas del país.
En el ámbito federal, a partir del 29 de febrero próximo estará en operación en 16 estados, agregó la dependencia.
El Código Nacional de Procedimientos Penales fue aprobado en 2014 y está previsto que tenga vigencia en todo el territorio nacional, tanto en las entidades federativas como en los procesos federales, a más tardar el 18 de junio de 2016.
La Presidencia de la República elaboró un resumen de la situación en la que se encuentra el Sistema Procesal Penal Acusatorio, en respuesta a una de las preguntas que los grupos parlamentarios presentaron, en un amplio documento de un total de 323 hojas, publicado este miércoles en la Gaceta Parlamentaria.
Las 83 preguntas se distribuyeron de la siguiente manera: 21 del PRI, 14 del PAN, 10 del PRD, nueve del PVEM, ocho de Morena, siete de Movimiento Ciudadano, seis de Nueva Alianza, seis del Partido Encuentro Social y dos del diputado independiente, Manuel J. Clouthier Carrillo.
Las preguntas parlamentarias se clasificaron por áreas temáticas: política interior, política exterior, política social y política económica.
Sobre las acciones que el gobierno de la República ha realizado para acelerar la implementación de este sistema, la Presidencia aseguró que actualmente opera en 31 entidades, de manera total en seis y de manera parcial en 25.
De manera total en Chihuahua, Morelos, Estado de México, Yucatán, Nuevo León y Durango.
De manera parcial en Oaxaca, Zacatecas, Baja California, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Hidalgo, Campeche, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Distrito Federal, Michoacán y Baja California Sur.
La población cubierta por el Sistema Procesal Penal Acusatorio, a octubre de 2015, es de 62.94 por ciento, lo que equivale a más de 76 millones de habitantes.
Hasta el momento, todas las entidades han emitido la Declaratoria de adopción del Código Nacional de Procedimientos Penales y en 26 de ellas se encuentra vigente.
El congreso local de Sonora aprobó el 8 de octubre la Declaratoria de entrada en Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 15 de diciembre de 2015.
Con esto, al final de 2015, las 32 entidades federativas estarán operando, de forma total o parcial, el Sistema Procesal Penal Acusatorio.
En el ámbito federal, el Sistema Procesal Penal Acusatorio opera en ocho estados: Durango, Puebla, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
De acuerdo con las declaratorias de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2015, a partir del 30 de noviembre el Sistema inició operaciones en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.
A partir del 29 de febrero de 2016, iniciará operaciones en Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco.
En materia de financiamiento, entre 2013 y 2015, el gobierno de la República ha destinado más de nueve mil 919 millones de pesos.
A través del subsidio de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) se han destinado más de dos mil 445 millones de pesos.
Por medio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal (FASP) se han destinado más de dos mil 474 millones de pesos.
Adicionalmente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron cinco mil millones de pesos: cuatro mil millones para reparto entre entidades federativas y mil millones concursables para la implementación del Sistema de Justicia Penal.
Estos recursos han sido destinados exclusivamente para los ejes de infraestructura, equipamiento y tecnologías y de la información y comunicación.
La Presidencia de la República sostiene que, para cumplir con el plazo establecido en la Constitución y hacer realidad en todo el país el Sistema Procesal Penal Acusatorio, el gobierno ha tenido como premisa fundamental mantener un acercamiento, diálogo y coordinación permanente con autoridades federales y locales, con pleno respeto a la soberanía de los estados.
Para ello, ha trabajado de manera dinámica y coordinada con los diversos poderes del Estado y en los tres órdenes de gobierno, se han aumentado los presupuestos, se ha incorporado a nuevos actores y se han suscrito convenios y acuerdos de colaboración entre diversas entidades públicas, organismos empresariales, organizaciones sociales, universidades y asociaciones de abogados.
