Durante el Foro: “La Educación como Herramienta Multifactorial en el Combate a la Corrupción”, la legisladora resaltó que el fortalecimiento de los principios y valores no sólo es responsabilidad del Estado, sino que se requiere de un trabajo en conjunto desde el núcleo familiar y los centros educativos.
Subrayó que el tema de corrupción está estrechamente ligado con la educación; por ello, continuó, es necesario implementar políticas públicas dentro del Sistema Educativo, para que conceptos como legalidad, transparencia, rendición de cuentas y corrupción sean vistos desde edades tempranas.
Dijo que la deshonestidad ha generado desintegración de la sociedad, por lo que se comprometió a trabajar en el diseño de mecanismos orientados al combate de la corrupción, pero desde la vía educativa.
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que la corrupción es una forma de dominación que no permite el desarrollo del país.
Agregó que esta práctica puede perturbar la vida pública y política, además de afectar a la educación superior, pues ésta no cubre ni el 15 por ciento de la población, mientras las universidades públicas presentan una reducción de sus recursos hasta en un 72 por ciento, es decir, es un fenómeno que nos rebasa como nación.
Felipe González y González, profesor del área de Entorno Político y Social y presidente del Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), indicó que los efectos de la corrupción en la educación son terribles, ya que se reduce el apoyo en capital humano, se busca una excesiva formación legal y el talento se va a campos menos productivos; se disminuyen los proyectos científicos e investigaciones y se crea una burocracia que acaba con el presupuesto del país.
Agregó que este fenómeno produce la expulsión de pequeñas y medianas empresas (Pymes) muchas de las cuales se incorporan a la informalidad, generando con ello una economía ilegal que brinda los elementos necesarios para que opere el crimen organizado.
El investigador propuso crear un Sistema Nacional de Cultura y Legalidad, con el objetivo de lograr un marco de integridad y se vuelva a la ciencia del buen gobierno. Afirmó que el combate a la corrupción se dará cuando la ciudadanía levante la mano y no deje que sus derechos sean pasados por alto y, al mismo tiempo cumpla con todos sus deberes.
En su turno, Felipe de la O, coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de la UNAM, expuso que de acuerdo con un estudio realizado en esta institución denominado “votoinformado”, todos los legisladores concordaron en que uno de los principales problemas que enfrenta el país es la corrupción.
Este análisis también encontró que de los 2 mil 205 legisladores encuestados, mil 336 afirmaron que las políticas para el combate de ese mal no están dando resultados positivos y requiere cambios sustanciales.
Añadió que la corrupción se acaba cuando hay ciudadanos participativos y el Estado sabe que no hay impunidad, es decir, que si realizan malas acciones serán castigados, pero es necesario fomentar modificar la cultura cívica.
Eduardo Vergara Lope de la Garza, integrante de la Red Iberoamericana de Cultura de Paz, sostuvo que la corrupción nace con la fórmula: ignorancia más poder; por ello, comentó, es fundamental que los menores sean educados sobre transparencia y rendición de cuentas desde las instituciones educativas y el núcleo familiar de manera sencilla y amena, es decir, que estos conceptos los vean de forma natural dentro su desarrollo como individuos.
Explicó que la organización que representa pretende brindar un espacio de reflexión e intercambio sobre la Paz, la Solidaridad, el Compromiso y la Participación, puestos en práctica a través de programas de acción que fortalecen valores y principios como libertad, justicia, igualdad, vida democrática y solidaridad, tolerancia y legalidad.
José Luis Nava Díaz, investigador de la UNAM, mencionó que en el 2014 México se ubicó, en el nivel de corrupción, en el lugar 103 de un total 173 países evaluados en materia de transparencia, lo cual es “reflejo de que el sistema gubernamental está fallando”.
Destacó que el combate a la corrupción debe ser prioridad en la agenda nacional, a fin de que se fortalezcan las instituciones, a través de la generación de centros de capacitación, donde los funcionarios conozcan los mecanismos de seguridad jurídica y transparencia.
Puntualizó que a mayor educación cívica, menores prácticas corruptas, lo cual contribuirá a elevar la competitividad, pues por no contar con un Estado de derecho sólido los inversionistas se alejan, lo que genera pérdidas económicas para el país.
Óscar Arredondo Pico, investigador del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, refirió que la educación es la vía para eliminar ese flagelo, para lo cual propuso crear un sistema que lo combata a través del fortalecimiento de la honestidad, y ésta solo se dará dentro de las instituciones educativas.
En este sentido, consideró que los maestros sean profesionalizados para que aporten las herramientas necesarias sus alumnos, ya que no se puede ofrecer algo de lo que se carece. Una vez forjados los valores y cuando el niño repudie la corrupción y asuma el respeto como única vía, se deberá instruir sobre las leyes que nos rigen.
Durante la adolescencia, los jóvenes se tendrán que enfocar en el respeto a las normas y hacia los derechos humanos. Con este mecanismo se lograría crear ciudadanos participativos y con plenos conocimientos y habilidades donde la exigencia de rendición de cuentas es clave para erradicar la corrupción, subrayó.
