El legislador secretario de la Comisión de Gobernación detalla que de acuerdo al Informe Global 2014 del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), de Suiza, la expansión de la violencia criminal, la presencia de grupos delictivos y la activación de operaciones militares para combatirlos, han causado el desplazamiento forzado de 160 mil personas en nuestro país.
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) indica en un estudio que, durante 2014, al menos nueve mil personas tuvieron que abandonar sus hogares por las mismas causas, incluyendo 23 eventos masivos de desplazamiento. Dicho organismo advierte que México, junto a Colombia, Perú y Guatemala, es de los países americanos con mayor número de desplazados internos.
Castañeda Hoeflich precisa, al tenor de dichos informes, que no sólo el crimen organizado y las operaciones militares a gran escala robustecen este fenómeno; también lo hace el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, como lo ha dado a conocer en comunicados de prensa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al respecto, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” publicó en 2010 un informe donde acusa a los proyectos de 70 hidroeléctricas que se estaban desarrollando en el país, como responsables de la migración de más de 170 mil personas, principalmente en los estados de Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
El diputado representante del estado de Jalisco recuerda que la CIDH, en su informe sobre los derechos humanos en México del pasado 2 de octubre, menciona dentro de sus observaciones la falta de un diagnóstico nacional y de una política para abordar el desplazamiento interno conforme a los estándares internacionales en la materia.
A pesar de las cifras y los llamados internacionales, “nuestro país no dispone de estadísticas oficiales sobre desplazamiento interno, lo que genera dificultades para determinar el número, ubicación y necesidades específicas y estrategias para enfrentarlas”, enfatiza Castañeda Hoeflich.
“Por otra parte, no existe el suficiente reconocimiento oficial de esta violación a los derechos humanos, por lo que se carece de estrategias y políticas públicas para atenderlo”, concluye.
