Ciudad de México, México.— En México 8 millones de trabajadores contratados por outsourcing son afectados al dejar de pagar las empresas pago de impuestos y sus contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia. Por eso, aclaró, ese sistema de subcontratación se regulará en la legislación reglamentaria para evitar que las empresas simulen que no existe relación laboral y paguen impuestos.
Recordó que el pasado 3 de diciembre fue aprobado dictamen por los legisladores que integran las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, el cual será analizado y fortalecido a través del sistema de Parlamento Abierto el próximo 12 de febrero.
Gómez Urrutia explicó que en la Ley Federal del Trabajo ya se establece que el trabajo bajo el régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios junto con sus trabajadores a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.
Es innegable, dijo, que esta figura es necesaria para el desarrollo de diversas actividades y funciones que algunas empresas o entidades públicas llevan a cabo, y que en muchas ocasiones, por cuestiones de estructura, recursos financieros y/o humanos se ven limitadas a efectuarlas por si solas.
De ahí que las empresas dedicadas a la subcontratación facilitan, en buena medida, la eficacia y funcionalidad de las corporaciones por las que fueron contratadas, “aunque son una clara simulación laboral que pretende eludir toda la responsabilidad de las grandes empresas que las subcontratan y que son miembros activos de las diversas cámaras empresariales. Por esta razón se defienden y se protegen en complicidad”, señaló.
Aun cuando la existencia de esta figura pudiera estar justificada, insistió, en la práctica muchas empresas han desvirtuado su razón de ser, convirtiéndola en un medio de explotación laboral para las personas trabajadoras, violándose sus derechos laborales y de seguridad social”.
Agregó que muchas empresas de subcontratación incumplen con sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, obteniendo ganancias multimillonarias, afectando así a la hacienda pública.
“La subcontratación ilegal ha conducido a la creación de empleos precarios y a la baja productividad laboral que, al retroalimentarse con otros factores como la inestabilidad laboral, la baja inversión en la capacitación y la informalidad, generan un gran número de personas trabajadoras en situación de pobreza, inequidad, y con falta de oportunidades”, sostuvo.
“Para nosotros hay outsourcing legal o ilegal, y hay que ver cómo se puede aplicar sin evadir al fisco ni violar los derechos de los trabajadores. El tema está asociado con los factureros y evasión al fisco, que ya son delitos graves. Se estiman pérdidas de 500 mil millones de pesos a nivel nacional por este concepto y con más de 8 millones de trabajadores bajo este esquema”, señaló el senador Gómez Urrutia.
Adelantó que en el citado Parlamento Abierto, los distintos sectores relacionados con el mundo del trabajo tendrán la oportunidad de manifestar sus opiniones y propuestas que estimen importantes sobre los temas antes referidos y con ello mejorar y enriquecer el contenido del dictamen aprobado en comisiones unidas.
Entre los puntos principales que serán analizados bajo dicho sistema, se consideran los siguientes:
Establecer la obligación para el contratante que hubiere sido omiso en el pago del reparto o participación de las utilidades, a propósito de haber participado en la ejecución de una subcontratación simulada, de cubrir espontánea o voluntariamente a las personas trabajadoras afectadas en el monto total correspondiente al reparto o participación de utilidades omitido durante el período de subcontratación ilegal.
Eliminar el efecto de impedir que los trabajadores se beneficien o participen de las utilidades.
Establecer un modelo de responsabilidad solidaria compartida para garantizar el pago de las contribuciones en materia de seguridad social para las personas trabajadoras.
Los empleadores tendrán la obligación de suscribir un contrato donde se especifiquen de manera clara y precisa los términos de la subcontratación, a fin de conocer sus alcances y su detalle.
Proponer que la autoridad laboral genere las normas necesarias para la certificación de las empresas contratistas, así como la creación de un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la subcontratación.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá crear el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, con el que se podrá advertir qué empresas dedicadas a este giro, una vez que aprueben lo establecido por el sistema de gestión y que están en posibilidad de celebrar contratos de subcontratación.
Se conservará la posibilidad de que la subcontratación pueda realizarse respecto de actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y el Servicio de Administración Tributaria, llevarán a cabo las inspecciones preventivas, ordinarias y extraordinarias, para comprobar que la persona contratista cumple con las obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes.
Aquellas personas empleadoras que hayan llevado a cabo actos de simulación, así como tendientes a evitar el pago de las contribuciones debidas bajo el régimen de subcontratación, por afectar al fisco y al erario público, serán susceptibles de ser sancionadas, fiscal y penalmente.
“Lo que aprobamos en comisiones unidas por unanimidad, será elevado al pleno porque está en juego la aplicación correcta de la ley en beneficio de México, de los trabajadores y de las instituciones sociales, de salud, de vivienda y de pensiones. Es necesario cambiar las bases y el rumbo de la política económica y social para eliminar la desigualdad y la corrupción que tanto daño le han hecho a la nación y a los mexicanos”, subrayó el senador Napoleón Gómez Urrutia.
