Para conseguirlo, propone modificar la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, dado que, “en México, condenar a una persona, también es condenar a su familia”.
El representante de Nuevo León advierte que cuando un individuo es encarcelado, es común que la estabilidad emocional y económica de sus parientes se vea seriamente afectada.
Los efectos negativos se manifiestan de varias formas: inseguridad de empleo y de vivienda; depresión y otros trastornos psicológicos, así como crisis económicas y alimentarias. Todo ello genera una segregación social y un desamparo institucional, sostiene.
Fernández González detalla que la economía doméstica de las familias es mermada por los gastos en apoyo al recluido en la cárcel. El interno significa para la familia nuevas erogaciones en materia de costos legales en su proceso judicial, alimentación y salud.
“La colectivización del trabajo es un proceso al cual se integran gran parte de las familias de internos penitenciarios, en aras de mantener su funcionamiento. Padres, esposas e hijos reorganizan su distribución de ingresos-egresos dentro del hogar, involucrándose, con ese fin, en diversas actividades informales para hacer frente a sus gastos y los del encarcelado”, apunta.
Otra consecuencia contraproducente es que el acceso a sistemas de crédito se dificulta entre las familias de internos. Por un lado, estos núcleos sociales devengan ingresos mínimos y, por el otro, las nuevas erogaciones derivadas del encarcelamiento de uno de los suyos frenan cualquier posibilidad de programación crediticia.
Asimismo, “la estigmatización es una realidad que socialmente deben enfrentar las familias de internos penitenciarios, con críticas y acusaciones en su contra e impacto directo sobre sus posibilidades de encontrar un buen empleo”.
El diputado Fernández González refiere que los familiares de los encarcelados suelen tener percepciones ambivalentes de la información que los medios de comunicación dan a conocer sobre los penales y los internos.
Por un lado, sostienen que los medios cumplen eficientemente con su función, al informar sobre los hechos violentos de las prisiones. Por el otro, cuestionan si “podrían hacer más para exponer cuáles son las condiciones de vida que tienen las familias de internos”.
Por tanto, el planteamiento se aboca a asumir la integración de una política social amplia, con el fin de conocer la cruda realidad de las familias de los internos, de su vida cotidiana.
