Ciudad de México, México.— La investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre los múltiples bienes del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, y de su familia fue una “simulación”, dijo la diputada perredista y líder esa fracción parlamentaria, Verónica Juárez Piña.
La legisladora dijo que la SFP, luego de una investigación de más de tres meses, exoneró ayer a Bartlett Díaz al considerar que no existe conflicto de interés ni obligación de reportar sus bienes ni los de su familia.
La dependencia inició una indagación contra el funcionario público después de que el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer en un reportaje que Bartlett Díaz ha levantado un imperio inmobiliario con la adquisición de 25 casas de lujo por medio de familiares, empresas y presuntos prestanombres, ubicadas en las zonas más caras de la Ciudad de México, las cuales omitió en su declaración patrimonial.
“En realidad la SFP sólo ratificó la exoneración que el presidente ya había hecho de Manuel Bartlet, pues en una conferencia de prensa en septiembre pasado acusó a los adversarios de la Cuarta Transformación de ser los responsables de la campaña en contra del Director de la CFE”, sostuvo en un comunicado la diputada por Jalisco.
Comparó esta investigación de la SFP con la que realizó la misma dependencia contra Enrique Peña Nieto y su entonces esposa Angélica Rivera, por las presuntas irregularidades en la adquisición de la residencia conocida como la Casa Blanca, que les vendió el propietario de Grupo Higa, beneficiario de múltiples contratos en el sexenio pasado; la secretaría los exoneró al considerar que no incurrieron en conflicto de interés.
“Sobre la investigación de la Casa Blanca, el ahora presidente Andrés Manuel dijo que era una burla, lo que también se puede decir de la investigación contra Bartlett”, acusó Juárez Piña.
Es claro que el Presidente aplica a raja tabla el apotegma juarista de “a los amigos justicia y gracia. A los enemigos la justicia a secas”, opinó Juárez Piña, quien exhortó al presidente a corregir, porque de lo contrario la lucha que tanto presume contra la corrupción, puede terminar en una simulación.
Consulta sobre el Tren Maya, una farsa, carente de legitimidad y sin validez legal
A su vez, la diputada Claudia Reyes Montiel, también del PRD, calificó como una “farsa” la consulta del gobierno federal sobre el Tren Maya, pues además de carecer de legitimidad y validez legal, tuvo escasa participación y se hizo sobre un proyecto ya en marcha desde hace meses por imposición de López Obrador, quien con esa obra busca satisfacer a grupos económicos nacionales y extranjeros.
La secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad e integrante de la Comisión de Turismo recordó que el propio Presidente confesó hace meses y durante una visita a Hecelchakán, Campeche, que “llueve, truene o relampaguee, se va a construir el Tren Maya, lo quieran o no lo quieran”.
Lo anterior se tradujo en que se trabaja para materializar la obra, independientemente de lo que se dijera en la consulta realizada el pasado fin de semana y cuyos resultados se dieron a conocer al lunes siguiente.
De los millones de habitantes de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas, en la “consulta” sólo participaron unas 34 mil personas, la gran mayoría de ellas carentes de información para valorar dicho proyecto, esto a pesar de que muchos miembros del Gobierno Federal la publicitaron ilegalmente.
“Es decir, no hubo ninguna imparcialidad ni objetividad por parte de las autoridades para que la votación se hiciera de manera libre”, dijo Reyes Montiel.
Consideró esta “consulta” -realizada al margen de autoridades legalmente facultadas para ello, sin metodología en el cuestionario y sin infraestructura ni seguridad para evitar cualquier posible fraude- como otro acto demagógico del Presidente.
“Como vemos, la obra va porque así lo decidió el Presidente, sin importar lo que la gente dijera, como tampoco que varios especialistas han señalado que su construcción afectará el medio ambiente o zonas arqueológicas con un importante valor histórico y cultural para nuestro país, como recientemente lo han señalado estudiosos de la UNAM”, dijo la legisladora también en un comunicado.
La verdad –agregó- es que ni la consulta ni la opinión de los expertos importan al Presidente, quien ha dejado en claro que se hará lo que él quiere, dando con esto una muestra más de su talante autoritario y demagógico.
Reiteró que el Tren Maya realmente no es un impulso del desarrollo nacional por parte del Estado, sino la continuación del modelo neoliberal, que sigue tan vigente como antes, pues la obra responde, más que a un interés nacional, al de grupos económicos nacionales y extranjeros.
Por ello no le importa al gobierno despojar de sus tierras a los ejidatarios y segregar a los pueblos originarios que habitan en la zona por la que cruzará el tren y más bien la consulta le sirvió para tratar de legitimar ese despojo.
