Ciudad de México, México.— Es fundamental la opinión de los expertos en la construcción de la Ley de Amnistía para resarcir la justicia social en México, deuda que se tiene con muchas personas que no tuvieron un proceso jurídico adecuado o que faltaron los elementos necesarios, sostuvo la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo.
Apuntó que la reinserción social de las reclusas en este marco jurídico es primordial para que pueda funcionar. Tenemos que poner atención en este tema. “Somos una Legislatura de la Paridad de Género, se han modificado algunas normativas; sin embargo, falta mucho”.
Este parlamento abierto tiene la finalidad de que los especialistas contribuyan con el trabajo legislativo para tener una ley valiosa que atienda a las personas que han pasado muchos años lejos del tejido social y de su familia, porque reinsertarlas cuando están en libertad ha sido muy complicado.
Al inaugurar la sesión de parlamento abierto sobre la Ley de Amnistía, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador parlamentario del PT, destacó la importancia de que los expertos viertan sus propuestas hacia la definición de este marco jurídico, con el objetivo que sea una base legítima viable de aplicarse. “Es una ley que se requiere para hacer justicia”.
Es un tema fundamental en la ruta de cambio que vive el país para analizar a fondo y hablar de los problemas existentes en bien de los mexicanos.
Felicitó a las comisiones de Gobernación y Población y de Justicia, convocantes de este parlamento abierto, mecanismo que es un pilar del diálogo con los ciudadanos en la LXIV Legislatura.
El diputado Silvano Garay Ulloa (PT), integrante de la Comisión de Gobernación y Población, señaló la necesidad de analizar y atender la problemática que sufren las mujeres recluidas en las cárceles al obtener su libertad, y que no encuentran opciones para continuar su vida de manera digna.
Armando Ríos Piter, ex senador y ex diputado federal, propuso que el Congreso y el Ejecutivo definan el concepto de amnistía para evitar confusiones en la sociedad. Planteó dar un enfoque sinergético a la Ley de Amnistía para armonizar la política prohibicionista que ha prevalecido en la producción, venta y uso de la marihuana a una perspectiva de salud, con el objetivo de cambiar la forma en que se atiende la dinámica de drogas que conduzca a tener un marco regulatorio que cambie de forma transcendente la atención de los delitos.
Se requiere una orientación social de la amnistía para acabar con la estigmatización de miles de productores agrícolas, que por sus condiciones económicas, laborales, culturales, falta de oportunidades e infraestructura como carreteras y canales de venta, siembran marihuana, condenándolos porque se dedican a esa actividad. Esta situación ha propiciado que el 62 por ciento de los reclusos en penitenciarías federales hayan sido sentenciados por delitos contra la salud, por producir, transportar, comerciar, suministrar o tener en posesión la cannabis.
José Antonio Caballero, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), consideró que la discusión sobre esta ley abre la posibilidad de evaluar la conveniencia de crear un código penal nacional, “sería una reforma que diera un cambio, porque la amnistía será una aspirina para una enfermedad muy grave, es un paliativo menor”.
Se requiere transformar la política criminal que junto con un código nacional cambien el rumbo con un enfoque integral desde la prevención hasta la emisión de un laudo. No podemos cerrar los ojos y pensar que aprobar una ley va a cambiar las cosas, ese concepto debe corregirse.
Propuso focalizar a los grupos que podrán proteger, con el objetivo de visibilizar la aplicación del derecho penal, el cual se ensaña contra la población más vulnerable como las mujeres, y advirtió que la corrupción prevalece en los procesos judiciales complicando el acceso a la justicia.
Raquel Adriana Aguirre García, de la asociación civil, La Cana, Proyecto de Reinserción, sostuvo que el gran reto de la Ley de Amnistía será garantizar que los reclusos, mujeres y hombres, una vez que cumplen con su condena y obtienen su libertad tengan el apoyo federal y social para reintegrarse a la comunidad y no reincidan en cometer un delito. Sufren la estigmatización laboral al exigirles antecedentes no penales.
Propuso diseñar programas de reinserción social efectivos, porque las personas en libertad difícilmente pueden retomar una vida digna. Se requiere darles seguimiento por medio de capacitación laboral, terapia psicológica, educación y oportunidades para que superen la pobreza, condición que las lleva a delinquir por falta de empleo y educación.
Pablo Cubero Ferradal, representante del Colectivo de Asociaciones Mexicanas para la Interrupción Legal del Embarazo, pidió que la propuesta federal sobre amnistía se extienda a las entidades, para que el Estado tutele la defensa jurídica de las mujeres encarceladas por haber sufrido un aborto espontáneo o inducido.
De forma discrecional lo tipifican como homicidio agravado por parentesco y las condenan de 20 a 30 años, sin un debido proceso y respeto a sus derechos humanos, por abuso o falta de recursos para contratar un abogado y pagar la fianza.
