En este contexto, el diputado Zambrano presentará una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Zambrano Grijalva precisó que será importante que el ejercicio y control presupuestal se haga con criterios que aseguren un aprovechamiento óptimo de los recursos públicos, y parte de ello tiene que ver con el tema de las remuneraciones de los servidores públicos, que garanticen, por un lado, sus derechos laborales como también un decoroso nivel de vida, en un marco de austeridad.
El legislador federal dejó en claro que “no podemos tolerar que haya dispendio de recursos públicos que, por el bien de todos, deberían destinarse a cubrir las enormes carencias de la gente. No puede ser de otra manera, y por ello es que consideramos que el tema debe discutirse con la urgencia que la situación del país exige”.
El diputado Jesús Zambrano recordó que desde noviembre de 2011 está pendiente de dictaminar en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, enviada desde entonces por el Senado y turnada en calidad de minuta. Consideró, sin embargo, “imprescindible retomar esta tarea inconclusa”.
“Debemos discutir y aprobar lo más pronto posible una legislación de gran calado que cumpla con el propósito de regular, de manera íntegra, el mandato constitucional que contemple los tres órdenes de gobierno, ya que de no hacerlo así, no sólo se estaría en falta, sino también tendría el efecto indirecto de preservar todos los privilegios en los otros órdenes de gobierno, cuando el texto de la Constitución determina con claridad los alcances que debe cubrir su reglamentación”, alertó.
Esto, añadió, es inaceptable cuando todos los días se dan a conocer noticias que denuncian los excesivos ingresos de los servidores públicos, en particular, de los privilegiados de la burocracia tanto del gobierno federal como de los locales, que se asignan grandes porciones de los recursos públicos que debieran aprovecharse para fines verdaderamente legítimos, y no para sostener los privilegios de los servidores públicos que se han convertido indebidamente en una élite.
“Es necesario que nuestro sistema jurídico cuente con un instrumento normativo que asegure la congruencia entre las acciones de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestaria y transparencia”, apuntó.
“Y más aún –enfatizó- que estén actualizados conforme a los cambios realizados para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y de Transparencia, en particular al papel central que tiene la Auditoria Superior de la Federación para ejercer sus facultades de fiscalización, realizando acciones concretas de auditoría, control, vigilancia y -en su caso- para iniciar procedimientos sancionatorios y de denuncia”, aclaró.
Zambrano Grijalva expuso que es obligación y responsabilidad de la actual Legislatura, retomar el asunto dada la situación nacional y la exigencia social que demanda hacer efectiva la ley, y sancionar penal y administrativamente las conductas de aquellos servidores públicos que incurran en el incumplimiento o la evasión de las responsabilidades en esta materia.
