Ciudad de México, México.— La Cámara de Diputados pretende endurecer las sanciones con cárcel de entre 12 y 15 años a los responsables de fabricar, adquirir, instalar, porte, use u opere equipos llamados “jammers” para bloquear, cancelar o anular señales móviles.
El diputado panista, Víctor Manuel Pérez Díaz informó que presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente, que reforma la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal, a fin de prohibir la fabricación, comercialización y uso de aparatos inhibidores de señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos e imagen.
En su carácter de presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, señaló que su propuesta plantea sanciones de 12 a 15 años de prisión, a quien fabrique, adquiera, instale, porte, use u opere equipos llamados “jammers”, para bloquear, cancelar o anular señales móviles.
En el marco de la Comisión Permanente, que sesionó ayer en el Senado de la República, Pérez Díaz sostuvo que el uso de esas tecnologías ha traído consigo efectos colaterales, toda vez que la delincuencia ocupa estos aparatos para inhibir la señal de rastreo del autotransporte de carga y así volver más difícil a las autoridades, localizar estos vehículos.
“El delito de robo a autotransporte se ve facilitado por el uso de inhibidores o bloqueadores de señales, ya que cuando son activados, se cortan inmediatamente las conexiones entre dispositivos GPS y satélites, por lo que el rastreador satelital no registrará ubicaciones GPS”, explicó.
Expuso que el robo de autotransporte de carga provoca pérdidas de casi 100 mil millones de pesos anuales al sector, el cual contribuye al Producto Interno Bruto (PIB) con casi el 9 o 10 por ciento.
“Se ha creado una cadena viciosa o un círculo vicioso, en el cual la nación y su economía están teniendo pérdidas importantes”, comentó.
El diputado panista sostuvo que la Comisión que preside trabaja para robustecer las leyes y que en un momento dado dejen a los ladrones dentro de la cárcel, por ello, propone que se incluya en el catálogo de delitos graves el robo al autotransporte.
“Hay una seria preocupación de la ciudadanía, ante un Estado de Derecho que no ha sido robustecido y que continúa permitiendo que la delincuencia organizada cometa este tipo de delitos, entren a la cárcel y salgan de inmediato”, aseveró.
Víctor Manuel Presichi Amador, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), expuso que el robo al autotransporte de carga genera no sólo pérdidas mayúsculas a la economía nacional, sino que deja víctimas mortales.
Además, registra un incremento en el precio de productor básicos, pues al ser robados, no llegan a su destino de venta, sino a un mercado negro que cada vez es mayor, precisamente porque no hay un Estado de derecho robusto que castigue a los delincuentes.
