Ciudad de México, México.– El Congreso local solicitó a la Procuraduría General de Justicia capitalina brindar todas las facilidades necesarias a la adolescente agredida sexualmente por policías en Azcapotzalco, realizar una investigación exhaustiva para determinar a los responsables, garantizar la no impunidad, implementar medidas para evitar la revictimización y brindar atención especializada y con perspectiva de género a la víctima y sus familiares.
Asimismo, los diputados exhortaron a la PGJCDMX a informar las acciones realizadas para investigar a los funcionarios que filtraron la información personal de la víctima y generar las sanciones por afectar el proceso, y pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) presentar un diagnóstico sobre los protocolos y medidas de control interno con que cuenta para el respeto de los derechos de las mujeres y una propuesta de fortalecimiento de éstos para garantizar la no repetición de los hechos.
“Lo que se pide es una actuación apegada a derecho y con el respeto necesario a las víctimas. Este tipo de casos requieren sin duda mucha sensibilidad y de protocolos especializados para evitar que las víctimas terminen siendo aún más revictimizadas y que eso obstaculice la investigación”, explicó el diputado Guillermo Lerdo de Tejada, integrante de la fracción parlamentario del PRI, al presentar la proposición.
“No podemos permanecer indiferentes ante el dolor de las víctimas y, por supuesto, ante su exigencia de justicia, ni tampoco podemos permanecer en la inacción cuando son las corporaciones y las instituciones destinadas a proteger los derechos de la población que ahora son señaladas de abusos e irregularidades. No sólo es el tema de las graves acusaciones de abuso sexual en contra de una menor de edad, sino la serie de errores que se han venido cometiendo en el seguimiento de este caso”, expresó.
Comentó que es legítima la indignación social por este caso, que originó las manifestaciones violentas de esta semana en las instalaciones de la Procuraduría y la SSC. “De ninguna forma es aceptable la violencia, pero tampoco es válido que las autoridades capitalinas descalifiquen la protesta”.
La diputada Ana Patricia Báez Guerrero (PAN) se manifestó a favor del punto de acuerdo y en contra de la violencia hacia las mujeres. “En ningún país que se llame civilizado se puede tolerar que las autoridades sean las que cometan los delitos y atrocidades que estamos viviendo. Las víctimas están indefensas, parece que no existen protocolos para proteger a las personas afectadas por los delitos, en específico a las mujeres”.
Por su parte, el diputado Carlos Castillo Pérez expresó que el grupo parlamentario de MORENA apoyó el punto de acuerdo porque “nos parece muy importante que se pueda sancionar a aquellos servidores públicos que hayan cometido una falta, que hayan cometido un delito. Es un tema que se debe de condenar y no se debe de permitir en una ciudad democrática como la Ciudad de México”.
Por su parte, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del PRD, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Consejo de Honor y Justicia de la SSC, para que ante la presunción de que cualquier elemento adscrito esté siendo investigado por la comisión de algún delito grave, se proceda directamente e inmediatamente a la separación del cargo.
Señaló las diferencias entre la información difundida por la Jefa de Gobierno capitalina, quien anunció el martes que seis policías serían separados de sus cargos y serían investigados como presuntos responsables de violación y abuso sexual, y lo expresado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, quien dijo que no podía ir en contra de los derechos laborales de los policías; y la declaración de la Procuradora en el sentido de que los cuatro agentes señalados como presuntos violadores están bajo resguardo de asuntos internos de la SSC y si no había imputación directa podían quedar libres y ser reinstalados.
“Esto fue parte del detonante de la inconformidad social y la movilización de algunas personas que estuvieron quejándose de que se estaba protegiendo a los implicados de una violación. Fue muy desafortunada esta declaración, porque puede suspender a los elementos, aunque no estén vinculados a proceso”, argumentó.
Cuestionó por qué pasaron 10 días para que los presuntos agresores fueran suspendidos, si conforme al artículo 123 de la Constitución federal se señala la posibilidad de suspender a cualquier miembro de cuerpos policiacos, “por sospecha inclusive, de sus actividades y, de esta manera, lo pudieron haber hecho de un día para otro”.
La propuesta del legislador Gaviño Ambriz fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Finalmente, la diputada panista, Gabriela Salido Magos se refirió a la manifestación efectuada el 12 de agosto, cuando un grupo de mujeres protestaron por el aumento de secuestros, desapariciones, violaciones y feminicidios en la Ciudad de México, y solicitó garantizar la seguridad de las participantes en estos movimientos.
“La protesta encontró en el coraje de quienes ven en el gobierno de la Ciudad de México y de la Procuraduría una actuación que busca todo menos proteger a los y las que lo merecen y, particularmente en el caso de la menor que fue agredida sexualmente por presuntos policías capitalinos, una actuación en la que la revictimización que padecen las mujeres que son violentadas se hizo presente”, señaló.
La legisladora puntualizó que la aplicación incorrecta de protocolos provocó que se hicieran públicos los datos de la menor y la denuncia presentada, lo que causó que la joven de 17 años y su madre sintieran miedo y abandonaran el proceso.
Salido Magos aseguró que los casos de violencia contra la mujer y la inseguridad están en aumento, por lo que las mujeres se sienten inseguras y levantan la voz para decir “no me cuidan, me violan”.
“Podrá molestar un puño de diamantina rosa, ¡vaya que molestó!, pareciera ser que hubiese sido una paliza, pero hay familias que hoy viven con un dolor insuperable por la falta de un ser querido. ¿qué duele más?”, señaló.
En este sentido, llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a su similar capitalina a acompañar la manifestación convocada para el próximo viernes 15 de agosto en la Glorieta de Insurgentes, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar la seguridad de las asistentes.
