Con ese instrumento subsanar las erogaciones que por años, la administración local ha venido realizando en materia de servicios para diversas instancias gubernamentales y habitantes de otras entidades federativas, cuando en realidad y conforme al espíritu del federalismo fiscal, son atribución del Gobierno de la República.
El legislador recordó que desde noviembre pasado la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados tiene en su poder la Iniciativa de reformas al Artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, que plantea la creación del “Fondo de Capitalidad” y la incorporación del mismo en el Ramo General 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.
Puntualizó que esta iniciativa fue presentada por diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en una apuesta por lograr que ese recurso sea fijo y evitar las negociaciones anuales que puedan entramparlo por cuestiones políticas.
Zambrano Grijalva advirtió, de igual modo, que es inaceptable la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para disminuir el “Fondo de Capitalidad” a 2 mil 500 millones de pesos como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, cuando se sabe que los recursos otorgados para este año al DF fueron de 3 mil 500 millones y aun así resultaron insuficientes.
Enfatizó que de acuerdo con los análisis realizados por el Legislativo local, se requiere un desembolso mínimo de nueve mil millones de pesos para evitar un deterioro en la situación financiera del Distrito Federal y compensar el costo que le implica ofrecer bienes y servicios no sólo a sus residentes, sino a una población flotante superior a los cuatro millones de ciudadanos de otros municipios y entidades federativas que diariamente hacen uso del transporte público masivo, instalaciones de salud, agua, vialidades, seguridad pública, y recolección y tratamiento de desechos sólidos, entre otros.
Esto, sin considerar el déficit que por concepto de predial, no pagan más de un centenar y medio de embajadas y residencias diplomáticas; edificios de la Administración Pública Federal, paraestatales y organismos descentralizados; así como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y otros que, por ley, cuentan con una exención.
Zambrano Grijalva confió en la sensibilidad de los grupos parlamentarios para otorgar los recursos suficientes para satisfacer los servicios públicos básicos de la capital con mejor calidad.
