Si alguien dudara sobre si existe o no la mala suerte, sería conveniente que revisara los últimos 12 meses de la vida de Jesús Murillo Karam.
Dicen quienes saben que el presidente Enrique Peña Nieto designó a Murillo justamente por su perfil de seriedad y eficacia como Procurador General de la República, para que ejerciera ahí un mando duro pero a la vez con sentido de alta política en una dependencia vital para el momento mexicano encabezado por Peña Nieto, y que había perdido carácter, imagen, prestigio y credibilidad en los años de la presidencia de los panistas Fox y Calderón.
Murillo llegaba con una historia política personal exitosa: exdiputado federal, exsenador, exdirigente partidario, exgobernador de Hidalgo pero sobre todo rodeado del respeto de los otros políticos.
Murillo fue el presidente de la Cámara de Diputados que condujo la sesión de toma de poder de Enrique Peña Nieto y quien le entregó al mexiquense la Banda Presidencial.
De ahí salió para ser Procurador General de la República. Apenas al llegar a la PGR, Murillo sacó adelante su primer reto luego del extraño estallido durante la media tarde del 31 de enero de 2013 en la Torre de Pemex.
Esa actuación se fortaleció con la forma en que tramitó las capturas en cadena de grandes y medianos capos de la delincuencia organizada entre 2013 y 2014. No se prestó a hacer show mediático con ninguna de ellas, como lo hacían los panistas.
Pero su Waterloo llegó a fines de septiembre del año pasado con el encargo de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En tan sólo 12 meses el político hidalguense, de 67 años, reconocido por su seriedad y profesionalismo, perdió gran parte de un prestigio ganado a pulso durante los últimos 30 años.
Y lo perdió por la combinación de algunas imprudencias, malas percepciones y por las consecuencias de los apuros del Gobierno por dar respuesta a reclamos de medios y sociedad respecto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sin duda Murillo realizó quizá la investigación más profesional y profunda, rápida, de un caso judicial del tamaño y alcance del de los normalistas sacrificados.
Pero todo eso lo perdió en una conferencia de prensa en la que lo que se destacó fueron dos dichos: que esa era la verdad histórica… y que estaba cansado.
De lo demás se encargaron las redes sociales.
Esa conferencia la debió encabezar un personaje como el entonces vocero del Gobierno, Eduardo Sánchez, que tiene manejo de medios y que desarrolla un mensaje claro para los ciudadanos.
Con una imagen y un carácter abiertamente antimediático, Murillo fue lanzado a un ruedo que no era el suyo. Nunca debió encabezar ninguna conferencia de prensa sobre este asunto. Su intolerancia a ciertas preguntas de algunos reporteros y reporteras siempre fue evidente, inocultable.
A Murillo lo dejaron solo. Y se hundió.
Su salida de la PGR en febrero pasado fue un mero trámite. Estaba fuera desde antes.
EL DESPRESTIGIO
Ahora, con el informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que rechaza que los normalistas pudieran haber sido incinerados en el basurero de Cocula como lo afirma la investigación de la PGR bajo el mando de Murillo Karam, ha sentenciado al descrédito ciudadano al hidalguense.
El desprestigio se profundiza porque los expertos han evidenciado otras fallas de la investigación de Murillo como el de no seguir la línea del tráfico de heroína de Guerrero a Chicago, o la existencia del quinto autobús, o la presencia de agentes federales y militares en algunos de aquellos acontecimientos del 26 de septiembre pasado.
En fin, la concatenación de errores, dicen, producto de las prisas por dar respuesta a los reclamos sociales alrededor del asunto de Ayotzinapa.
LA PUNTILLA
Pero como una desgracia nunca viene sola, a Murillo Karam se le han sumado otras acciones que van a la cuenta de su desprestigio.
Resulta que apenas llegó, su sucesora, la Procuradora Arely Gómez ordenó una investigación a la estructura dejada por el hidalguense en la PGR.
Durante 5 meses de esa investigación, el equipo de la Procuradora se encontró con que buena parte del equipo de Murillo había incurrido en enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, extorsión y abusos.
Se encontró que en eso estaban involucrados 126 mandos y otros –entre ellos 25 agentes del MP, 42 agentes de la Policía Federal Ministerial, cuatro mandos superiores, 12 medios y 29 administrativos-, por lo cual ha iniciado 87 averiguaciones.
Al informar lo anterior, César Alejandro Chávez Flores, titular de la Visitaduría General, afirmó:
“La instrucción es no tolerar conductas irregulares. Debemos construir una institución confiable. Tenemos que dejar en claro que no hay espacios de impunidad”.
Indicó que la investigación no sólo incluye a personal del equipo de Murillo, sino recientemente contratado. De estos últimos han caído 5 personajes, que ya fueron sujetos de acción penal. Eran mandos a quienes se les encontró recursos evidentemente superiores a sus ingresos, dijo.
Las investigaciones incluyen informes del sistema financiero, de ellos, sus familiares y demás dependientes o allegados.
Hasta hoy, se han detenido a 2 agentes del Ministerio Público, 2 policías federales ministeriales y 1 director general quienes se encuentran consignados ante tribunales.
Entre los casos consignados, están quienes realizaban cateos ilegales, o engañaban a ciudadanos con investigaciones falsas para cobrar extorsiones; o realizaban retenciones ilegales o más allá del tiempo establecido por la ley.
Se comprobaron “moches” de jefes a subalternos, en el otorgamiento de viáticos, a cambio de seguirlos enviando de comisión.
Otros más cobraban por no realizar el levantamiento de denuncias. Se encontró que había quienes cobraban para permitir que la gente pudiera seguir su viaje luego de llegar a un retén.
Entre los consignados hay quienes extorsionaban a familiares de detenidos a fin de favorecerlos en la integración de una investigación.
De igual forma se confirmaron extorsiones para no inculpar a alguien por algún delito… muy especialmente en casos de narcomenudeo.
Chávez Flores informó que, resultado de esta investigación interna en la PGR, se han pedido y ejecutado unas 50 órdenes de aprehensión y se tienen listas otras 43.
Se encontraron casos en que luego de la detención de un extranjeros, no se informaba a la embajada o al consulado correspondiente como lo señala la ley.
El uso de madrinas es, dijo, una práctica por erradicar. Ellos son los que extorsionan y protegen a los agentes.
¿Se han detectado casos de tortura? ¿Cuántos?, se le preguntó.
—Existen 52 averiguaciones previas iniciadas este año por posibles casos de tortura que involucran a 97 servidores públicos, en ninguno se han encontrado todavía elementos constitutivos del delito; sin embargo, se están llevando a cabo las diligencias, como la aplicación del Protocolo de Estambul.
Como tendencia de los últimos dos años, en los tribunales cuando se toman las declaraciones ante los jueces, en muchos de los casos los imputados refieren haber sido detenidos con malos tratos y en todos los casos de manera sistemática el Poder Judicial da vista al Ministerio Público. No podemos prejuzgar los casos y debemos investigar de forma exhaustiva, precisó.
Eso ocurría precisamente en el tiempo en que Murillo Karam era Procurador General de la República.
