Ciudad de México, México.— La Ley de Instituciones de Crédito, se debe modificar para que se establezca un procedimiento que permita el bloqueo de cuentas bancarias con recursos de procedencia ilícita, planteó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), Santiago Nieto Castillo ante diputados.
“Venimos con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para plantear algunos temas de interés, particularmente los relacionados con el combate a la corrupción, a la impunidad y el bloqueo de cuentas facultad que ahorita tiene la Unidad de Inteligencia Financiera”, indicó en declaraciones a la prensa.
Nieto Castillo explicó que es necesario modificar dicha ley para evitar que recursos de procedencia ilícita ligados a la trata de personas, prostitución forzada, tráfico de drogas, de armas y corrupción, “sigan lastimando a la sociedad mexicana”.
Comentó que durante la actual administración, la UIF ha congelado más de 3 mil 800 millones de pesos y 42 millones de dólares, en cuentas bancarias de personas presuntamente relacionadas en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Planteó la necesidad de avanzar también en las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que presentó Ricardo Monreal Ávila (Morena), en el Senado de la República y que en su momento llegarán a la Cámara de Diputados.
“Esta iniciativa que ha presentado la fracción parlamentaria de Morena, permitiría modificar la Ley para tener mejores herramientas, para identificar a las personas políticamente expuestas, sobre todo en las actividades vulnerables que establece la ley. Podría permitir, además, sancionar a personas jurídicas relacionadas que hayan apoyado o financiado al terrorismo en la República mexicana”, apuntó.
El funcionario agregó que con dicha reforma se admitiría que la UIF formara parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como una instancia invitada de manera permanente a efecto de poder aportar elementos para grupos de trabajo y definiciones de políticas públicas que combatan la corrupción en el país.
“De aprobarse la iniciativa serviría para que México tuviera una recalificación positiva ante el grupo de Acción Financiera Internacional. Es una responsabilidad de todas y todos impulsar una agenda que permita combatir de forma más eficaz el lavado de dinero y mejorar las actuales deficiencias que tiene el sistema normativo mexicano”, dijo.
“Nos encontramos aquí para dialogar con legisladoras y legisladores en pos de un marco normativo que ayude a México a obtener una mejor calificación entre los estándares internacionales, y mantener el bloqueo de cuentas como un mecanismo que nos ayude a que el dinero ilícito no siga lastimando a la sociedad mexicana”, agregó Nieto Castillo.
Al ser cuestionado sobre cuántas denuncias a la fecha ha presentado la UIF a la Fiscalía General de la República (FGR) y de qué tipo son, Nieto Castillo puntualizó que al momento han presentado 56 denuncias ante la FGR y han dado 31 vistas ante las autoridades administrativas por alguna responsabilidad de carácter fiscal o administrativo.
“Esto incluye temas relacionados con corrupción política, robo de hidrocarburos, asuntos vinculados con trata de personas, tráfico de migrantes y con empresas fachada y factureras que están generando ataques a los grupos establecidos y una competencia desleal al empresariado mexicano”, detalló.
A pregunta expresa sobre la ruta de las investigaciones respecto a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH) y las cuentas del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, Nieto Castillo indicó que la UAH ha presentado su garantía de audiencia en términos de la ley, sin embargo “las cuentas permanecen bloqueadas en razón de que la UIF consiguió que los jueces de distrito negaran las suspensiones provisionales y definitivas a la universidad”.
“Estamos analizando la información que ha dado en este momento la universidad, ellos presentaron más de 15 cajas de documentación que a su dicho amparan las operaciones por las cuales han sido detectados por el Sistema Financiero, pero el trabajo de la UIF es analizar la información y si se logra acreditar la procedencia lícita de los recursos se desbloquearán”, puntualizó.
Respecto al caso de César Duarte, el funcionario comentó que se ha generado el congelamiento de cuentas y que están en espera de que “en su caso se promuevan las acciones legales y nosotros sostendremos nuestro acuerdo para efecto de evitar que finalmente recursos provenientes de corrupción política sean utilizados en el sistema financiero y en las actividades vulnerables”.
