Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Senador con licencia él mismo, Alfonso Durazo, titular de Seguridad Pública Federal, minimizó ayer ante el pleno del Senado, las críticas y señalamientos que responsabilizan al presidente Andrés Manuel López Obrador del desbordamiento de la inseguridad y la violencia y trasladó esta responsabilidad a “las fallas estructurales del sistema político, económico y social”.
En síntesis, dijo al comparecer ante ese cuerpo legislativo presidido por el morenista Martí Batres:
“(Violencia e inseguridad) Son las consecuencias de un modelo económico sectario y excluyente”.
En este punto reiteró el compromiso de López Obrador de abatir ambos problemas en los siguientes 6 meses, y:
“Nos proponemos lograr un punto de inflexión en la tendencia de la criminalidad en los primeros seis meses de su aplicación (de la estrategia Nacional de Seguridad). Lograr niveles razonables de paz y tranquilidad en los primeros tres años, y aprovechar los tres años restantes del sexenio para consolidar los resultados y entregar, en 2024, un país estable y en paz”.
Detalló que estos objetivos se lograrán al desmontar las estructuras del crimen y el flujo millonario de recursos y armamento y no sólo capturando a sus líderes.
El eje de esa estrategia agregó, será la formación de la Guardia Nacional que este año llegará a los 82 mil elementos; en 2021, por 120 mil; y al año siguiente, por 150 mil efectivos.
Ese cuerpo será distribuido en inicialmente en 150 regiones del país; 200 en 2020 y 265 para 2021.
Del combate a las drogas, dijo es necesario reformularlo, ya que la prohibición, por ejemplo, de la marihuana, es insostenible e ineficaz desde el punto de vista de salud pública.
Consideró que la medida sería insuficiente porque no eliminaría a las organizaciones criminales fuertemente armadas, aun cuando la regulación de algunos estupefacientes prohibidos permitiría poner fin a uno de los motores centrales de la violencia y la inseguridad.
Un tema colateral muy importante, agregó, sería el de emprender la recuperación y dignificación de las cárceles.
Eso pasa por erradicar la corrupción de sus autoridades, separar a imputados de sentenciados y garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres.
La numeralia de la violencia y la inseguridad es, explicó, es grande y muy costosa: la tasa nacional de homicidios pasó en pocos años de 13 a 23 por cada 100 mil habitantes según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el costo ascendió a 5.6 billones en 2018, el 24% del PIB, indica el Instituto de Economía y Paz de México, y 21.6% según el Foro Económico Mundial.
Ante las críticas de la oposición integrada por los grupos de PAN, PRI, MC y PRD, Durazo respondió:
“No somos responsables de la inseguridad que vive el país, pero sí de regresar la paz y tranquilidad a los mexicanos. Lo vamos a hacer sin regateos”.
El senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD. Dijo confiar en que los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se cumplan, ”porque es de ustedes, del Gobierno Federal, toda la responsabilidad de que se logre, funcione y rendir buenas cuentas”.
EDUCATIVA APROBADA EN SAN LÁZARO
Al final, y luego de semanas de discusiones, tomas, secuestros, bloqueos y Amenazas por parte de la CNTE, la cámara de diputados aprobó con 381 votos a favor, 79 en contra y 2 abstenciones una serie de modificaciones a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución que en síntesis retiran de la reforma educativa de 2013 los órganos de evaluación del magisterio y regresan el control del reparto de plazas a la CNTE y SNTE, y que reviven el funcionamiento de normales ideologizadas.
En lo general todo lo demás, con algunos cambios y ajustes por aquí y por allá, se queda todo lo anterior.
Para avalar lo aprobado, la presidencia de los diputados encabezada por Porfirio Muñoz Ledo habla de que la reforma respetará el derecho de niñas, niños, jóvenes y adolescentes en su inclusión al Sistema Educativo Nacional desde la enseñanza inicial hasta la superior dentro de un sistema laico y gratuito.
Una vez aprobada esta reforma, se envió de inmediato al Senado donde apenas se tiene entre hoy y el lunes para analizarla, dictaminarla y votarla.
Ahí Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, cabildeaba con Mauricio Kuri, coordinador del PAN, Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado de MC y Miguel Ángel Mancera, del PRD la forma y tiempo en que se va a tramitar esta reforma constitucional que requiere de mayoría calificada.
En San Lázaro la fracción del PAN votó en contra y se supone que en el Senado lo hará también.
En este contexto Monreal sólo necesitaría del voto de los 14 senadores del PRI para sacar adelante esta reforma.
VA LA REFORMA LABORAL
En donde Monreal tiene ya negociado todo, es en el trámite de la reforma laboral que se supone saldrá sin modificar ni una coma de la minuta aprobada en días anteriores los diputados.
Esta reforma forma parte del proyecto acordado en Washington para sacar adelante el nuevo Tratado de Libre Comercio EU, México y Canadá.
Utilizar expresiones denigrantes en contra de la prensa puede generar mayores condiciones de vulnerabilidad para los periodistas y exponerlos a sufrir actos de violencia, advirtió el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
EXPRESIONES VS PRENSA GENERAN VIOLENCIA
En el informe de Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nunca se mencionó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no hizo falta… todos los que lo escucharon o leyeron supieron que los resolutivos eran dirigidos a él.
“Utilizar expresiones denigrantes en contra de la prensa puede generar mayores condiciones de vulnerabilidad para los periodistas y exponerlos a sufrir actos de violencia”, afirmó el relator.
Y agregó:
“Si no hay prevención y las autoridades públicas inventan términos para desprestigiar y desacreditar a la prensa –por ejemplo ‘prensa corrupta, deshonesta, fake news o fifí–, genera una vulnerabilidad mayor para los periodistas en general”, indicó.
Continuó:
“Si hay un gobierno que dice “a los periodistas los voy a tratar ahí a distancia, y si me enojan, los voy a castigar con una expresión de descrédito, y no voy a gastar mucho en el Mecanismo de Protección (de defensores de derechos humanos y periodistas), va a ser un desastre”, alertó.
Al final Lanza indicó que sus resoluciones no pretenden ningún tipo de animadversión o descalificación a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la prensa y algunos medios mexicanos.
Sólo tienen el objetivo de hacerle ver que “hay señales de riesgo que siguen existiendo y deben atenderse” si continua vertiendo este tipo de comentarios y expresiones.
¡Orale!
