Ciudad de México, México.— Con reformas a la legislación, las autoridades judiciales de los tres niveles de gobierno podrían conceder órdenes urgentes de protección cuando conozcan de delitos de violencia contra las mujeres, en las modalidades docente, laboral y comunitaria; atendiendo, además, las denuncias anómimas que se realicen bajo un temor fundado de la víctima, señaló la senadora priísta, Claudia Edith Anaya Mota.
La legisladora propuso una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el párrafo primero del Artículo 27 y adicionar los párrafos segundos al artículo 31 y segundo al artículo 33, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de denuncia anónima y orden de protección para víctimas de violencia.
Argumentó: Es claro que una de las preocupaciones de la sociedad es la violencia por motivos de género. Las construcciones sociales, políticas y económicas desde el androcentrismo o el patriarcado, producen continuamente episodios de violencia con una espiral ascendente que culmina en muchos casos con violaciones sexuales; lesiones (algunas con secuelas permanentes) y feminicidios.
De igual forma, agregó, el daño a las víctimas de violencia afecta su derecho a ejercer de forma libre la personalidad, entre otros. Este daño difícilmente es reparado y las instancias de procuración de justicia no tienen la capacidad real para asegurar este derecho en términos de los párrafos primero y segundo del artículo 17 constitucional.
La violencia de género, continuó, tiene un alto patrón de revictimización, donde las víctimas son presa de un temor fundado de ser violentadas con mayor fuerza y daño por sus agresores, porque no existen alternativas que les permitan denunciar y recibir medidas de protección ante estos hechos.
Mencionó un ejemplo: “Una mujer de apenas 23 años, originaria de la ciudad de Zacatecas, fue víctima de violencia extrema. En la entrevista dijo que su pareja la agredió con un cuchillo, la golpeó y en varias ocasiones intentó ahorcarla. Una vez escapó, pero la amenazó con quitarle a su hijo y le dijo que si no regresaba la iba a matar, a ella y al niño. Regresó con el esposo y se le proporcionó una tarjeta con direcciones por si necesitaba ayuda. La entrevistada me toma de las manos y me pregunta: ¿estás segura de que me van a ayudar? ¿me acompañarías?, preguntó desesperada”.
Anaya Mota dijo que el testimonio es de hace 16 años pero que es vigente en el país al día de hoy. Las mujeres tienen un temor fundado para no denunciar y así se mantienen en el estado de violencia cotidiana que desemboca, en ocasiones, en el feminicidio.
De acuerdo con reportes de la CNDH, expuso que la violencia en la relación de pareja es donde se registra el mayor porcentaje de víctimas, en la que además se involucra -la mayoría de las veces- a los hijos, dependientes económicos y emocionales.
Agregó que se ha identificado que la violencia contra la mujer sigue ciertas pautas: el agresor comienza con la violencia psicológica, ataca directamente la autoestima, la ridiculiza, la ignora, no toma en cuenta lo que dice. Luego, aumenta la intensidad del desprecio, la denigra, le grita. Viene entonces la violencia física, la cual puede incluir la violencia sexual. Este tipo de violencia termina en feminicidio o muerte violenta, o bien, en suicidio, a menos que el ciclo de la violencia sea interrumpido.
Indicó que por estas razones, una de las acciones fundamentales que deben realizar la federación y los gobiernos estatales, es la de otorgar órdenes de protección para preservar la integridad de las victimas, tanto directas como indirectas (mujeres, niños y adoleescentes). Esto debe ser para evitar que la violencia escale hasta la muerte de la víctima.
La propuesta de la senadora Anaya Mota establece que las órdenes de protección sean actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son, fundamentalmente, precautorias y cautelares. “Deberán otorgarse inmediatamente se conozcan hechos constitutivos de delitos de violencia contra las mujeres, en las modalidades docente, laboral y comunitaria, atendiendo las denuncias que se realicen vía anónima bajo un temor fundado de la víctima de violencia”.
Las autoridades de los tres niveles de Gobierno, continúa, atenderán las denuncias anónimas de las mujeres víctimas de violencia, otorgando las órdenes de protección necesarias para salvaguardar su integridad y su anonimato. Las autoridades judiciales determinarán las medidas de protección para denunciantes anónimas de violencia; privilegiando la integridad y la seguridad de las víctimas, protegiendo su anonimato sin que interfiera en el proceso judicial.
La propuesta fue enviada para estudio, análisis y dictaminación a las comisiones unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.
