Ciudad de México, México.— El titular del poder ejecutivo federal carece de facultades para “dejar sin efecto” la Constitución y leyes aprobadas por el Congreso de la Unión como es la reforma educativa de 2013, aseguró el líder de los diputados priístas, René Juárez Cisneros. Lo anterior, respecto del memorándum que este martes el Presidente de la República dirigió a las secretarías de Educación Pública (SEP), de Gobernación (Segob) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en donde pide dejar sin efecto la reforma educativa, mientras se logra un acuerdo con el magisterio disidente.
“El Presidente de la República carece de todo fundamento jurídico, ya que él no puede instruir a dejar sin efecto leyes que han sido aprobadas por el Congreso de la Unión, pues para hacerlo debe seguir un proceso a través del propio Legislativo, además de que se trata de una acción unilateral que sienta un mal precedente y pone en riesgo el orden constitucional, así como el equilibro de Poderes”, aseveró.
En un comunicado, el líder parlamentario sostuvo que cualquier reforma legal tiene que pasar primero por el Congreso, y bajo ninguna acción política puede obviarse la representación democrática del Poder Legislativo.
“La reforma educativa y todas sus disposiciones están vigentes y, en consecuencia, deberán ser observadas y aplicadas por todas las autoridades”, puntualizó.
“El denominado memorándum, como orden administrativa, sería un acto inconstitucional pues violaría el artículo 89 fracción I que obliga al Presidente a cumplir las leyes y decretos que expida el Congreso”, agregó.
Juárez Cisneros recordó que el artículo 49 de la Constitución establece que “el Presidente no puede asumir las funciones del Poder Legislativo”; además, lo que propone es “inviable” e ignora el artículo 72 constitucional que establece: solo el Congreso de la Unión puede reformar, abrogar o derogar una ley, exigiendo “los mismos trámites establecidos para su formación”.
El priista reiteró que la autoridad educativa debe agotar el diálogo y la negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), “para construir una nueva reforma, o bien continuar con el trámite legislativo al dictamen aprobado en comisiones”.
El legislador sostuvo que es entendible que el Ejecutivo esté presionado por los compromisos políticos que hizo en campaña con la CNTE, no obstante, primero está el cumplimiento de la ley, antes de pretender usurpar o nulificar la función del Congreso para satisfacer el compromiso.
“Exigimos a las mesas directivas del Congreso se pronuncien al respecto, pues con este precedente, el Presidente de la República podría seguir ordenando que no se aplique cualquier disposición constitucional que no sea de su agrado”, concluyó.
