Ciudad de México, México.— El desplazamiento interno forzado en México es urgente atenderlo y atender su enfoque preventivo, no sólo reactivo, e identificar a desplazados potenciales, coincidieron en señalar diputados, funcionarios, académicos, sociedad civil y víctimas de este fenómeno.
Al clausurar la mesa de análisis “Desplazamiento interno forzado en México, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, la diputada petista Maricruz Roblero Gordillo, secretaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, destacó que la atención del fenómeno no parte de cero, toda vez que “existe un marco normativo e institucional que debe movilizarse y articularse”.
Durante las conclusiones de la mesa de análisis, la legisladora precisó que se deben perfeccionar las fuentes de información de mayor relevancia cuantitativa; robustecer el enfoque preventivo, no solamente reactivo, e identificar a los desplazados potenciales. Asimismo, reconocer que el desplazamiento es un proceso de larga duración causado por diversos factores.
El secretario general del Consejo Nacional de Población, Carlos Javier Echarri, pidió cooperación al Poder Legislativo para emprender los cambios normativos que hagan falta y expresó su compromiso a trabajar arduamente en la atención a esta problemática.
Durante la mesa de análisis, dijo, se concluyó que deben existir responsabilidades compartidas entre el Ejecutivo, Legislativo y diferentes órdenes de gobierno, por lo que resulta importante tener conciencia, por un lado, de la multicausalidad, como la violencia, cambio climático, fenómenos hidrometeorológicos, cuestiones étnicas y religiosas, e incluso proyectos de desarrollo.
También es preciso considerar la urgencia de atender a las víctimas de forma inmediata; trabajar de manera interinstitucional y, sobre todo, “voltear a ver lo que ha hecho la sociedad civil, que es quien ha atendido ante la ausencia de mecanismos precisos por parte del Estado”.
Asimismo, analizar las experiencias internacionales, tomar en cuenta la diversidad de la población desplazada; tener perspectiva de género y cubrir las necesidades específicas.
Previamente, durante las mesas de análisis, Édgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), enfatizó que hace falta una Ley general de desplazamiento forzado interno que dé el marco para el desarrollo de todas las políticas públicas, aunada al Plan Nacional de Desarrollo.
Comentó que la CNDH tiene una propuesta de ley, con base en una estrategia nacional, que incluye prevención, asistencia, y protección de personas desplazadas y medidas para lograr soluciones duraderas, “si no se tratan estos tres ejes, por más que se quiera no llegaremos a ningún lado”.
Josep Herreros, en representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, estimó que el diseño de un marco legal debe ir de manera paralela con uno institucional y resaltó que también harían falta recursos para la atención.
En cuanto al marco legislativo, indicó que requiere cumplir principios básicos como: materializar la obligación del gobierno en la respuesta e identificar dónde están los vacíos y las necesidades y reconocer los recursos disponibles en la estructura del Estado. También, dijo, debe haber participación efectiva de la población desplazada mediante procesos establecidos de consulta y visión integral de las diferentes fases de los desplazamientos.
La directora de Diseño Conceptual del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Leonor Paz Gómez, señaló que el desplazamiento forzado interno es un fenómeno complejo y multidimensional. Comentó que el instituto tiene una función activa con diversos grupos de expertos, con el propósito de instrumentar nuevas metodologías y medición del fenómeno mucho más acertada.
Mencionó que en el Censo de Población y Vivienda 2020 se incluirá la pregunta de la causa de la migración y se tiene la opción abierta de cuál es la razón del desplazamiento. Aclaró que la pregunta sólo se dará una aproximación cuantitativa y cualitativa a este grupo poblacional, pues al no ser una encuesta especializada del tema se pondera el objetivo principal de la medición, que es actualizar la cuenta poblacional.
Consideró que la mejor manera de generar información de este fenómeno es que se planifique, consolide y mejore continuamente un sistema de registros administrativos en el ámbito nacional, incluso regional, que sirva de insumo para que el Inegi transforme en estadística oficial datos de naturaleza legal y administrativa de oficinas de gobierno como el Instituto Nacional de Migración, Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación, entre otras.
Brenda Gabriela Pérez Vázquez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica de 2009 al 2014, al menos 185 mil personas cambiaron de lugar de residencia por la inseguridad pública. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, de 2011 al 2017 la suma es de 8 millones 726 mil 375 personas. Mientras que la Nacional de Ocupación y Empleo habla de 206 mil 965 personas, de 2006 al primer trimestre de 2018.
Afirmó que existen obstáculos que las víctimas enfrentan para que se les asista y provea de atención. Estimó que se deben generar instrumentos legales y normativos que faculten a alguna institución en específico para responder la problemática, que haya una mesa interinstitucional en donde se discuta cuáles serían las medidas de atención en las diferentes aristas. Destacó la necesidad urgente de construir un instrumento especializado para medir el desplazamiento.
David Uribe González, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, afirmó que esta comisión considera que la atención integral necesita partir de la identificación, entendimiento y análisis de los factores que propician y se involucran en el proceso, desde que una persona tiene la intención de desplazarse hasta su eventual y obligatoria reintegración.
Planteó hacer un diagnóstico que permita integrar todas las cifras y análisis para diseñar una política pública efectiva; analizar el fenómeno con otros países; crear una ley y análisis del marco jurídico vigente, no sólo para la tipificación de una conducta singular, sino para el desarrollo de una política pública con responsabilidades determinadas que ocasionen el diseño de un protocolo de emergencia.
La diputada Clementina Marta Dekker Gómez (PT) mencionó que en Chiapas hay municipios que viven desde hace 45 años un tema de desplazados que se fue recrudeciendo con el tiempo. “Hay gente, abuelos, que han vivido su vida desplazada”.
Comentó que el conflicto territorial que existe entre Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, por 365 hectáreas inició hace 45 años y ha desplazado a más de 5 mil personas. “Mucho de lo que no se ha podido resolver es por la falta de voluntad de los gobernantes que han estado durante todo este periodo.
“Necesitamos pedirle al Ejecutivo nacional, estatal y municipales que se plantee una mesa permanente para cambiar la triste realidad de muchas personas, indígenas sobre todo. Éste es un tema de urgente atención y prioritario”, dijo. Asumió la responsabilidad de trabajar en los cambios en el marco legal y “todo lo que se tenga que hacer”.
En el acto también participaron diputados locales del Congreso de Chiapas, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y víctimas de desplazamiento forzado.
