Ciudad de México, México.– La Comisión de Trabajo y Previsión Social analiza la iniciativa de la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), que propone otorgar a las y los trabajadores domésticos el derecho al reparto de utilidades, horas extra y Seguro Social.
La propuesta modifica el artículo 333 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que la jornada laboral máxima no podrá exceder lo establecido en el artículo 61 de esta norma, siempre de común acuerdo por escrito con el patrón. Cualquier tiempo laboral excedente recibirá el tratamiento de horas extras, de conformidad con lo estipulado en los artículos 58 a 68 del mismo marco legal.
Propone cambios al artículo 338, para asentar que el patrón esté obligado a inscribir al trabajador o trabajadora doméstica al régimen obligatorio del Seguro Social y al pago de cuotas obrero-patronales, en los términos de la ley en la materia.
Además, deroga la fracción VI del 127, la cual señala que las y los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades, y el artículo 146 que a la letra dice que los patrones no estarán obligados a aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5 por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio, como o indica el artículo 136 de la ley.
Deroga la fracción II del artículo 13 de la Ley del Seguro Social que establece que los trabajadores domésticos, voluntariamente, podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio.
La iniciativa precisa que en México, aproximadamente 2.3 millones de personas, se dedica al trabajo en el hogar; además, más del 96 por ciento no cuentan con un contrato escrito que especifique sus actividades.
Actualmente, 61 mil 283 trabajadoras y trabajadores del hogar tienen un empleo formal. Es decir, únicamente 2.6 de cada 100 personas cuentan con derecho al sistema de salud pública y al Sistema de Ahorro para el Retiro.
Sostiene que son difíciles las condiciones de empleo que enfrentan las y los trabajadores del rubro. “Nuestras leyes permiten que trabajen jornadas hasta de 12 horas sin derechos laborales, seguridad social, contrato, garantías de pensión y posibilidad de ahorro, entre otras. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enedis) 2017, el 87.7 por ciento de las trabajadoras del hogar carecieron de prestaciones laborales en su último empleo”.
“El trabajo en el hogar, como se ha entendido durante años o incluso siglos, combina factores de riesgo que permiten la reproducción de prácticas discriminatorias, en las cuales las y los trabajadores ocupan la posición más desventajosa. La naturaleza de este trabajo hace que sea poco visible, ya que se desarrolla en el ámbito privado de los hogares, propiciando la violación del derecho al descanso, a la privacidad, a tener horario definido, contrato y prestaciones que ofrecen otros empleos”, menciona el texto.
En ocasiones, agrega, esta situación se agrava por el origen étnico de muchas de ellas, porque la gran mayoría son mujeres. A eso se le suma su edad, la pobreza y la falta de educación; es decir, las características que han causado que la discriminación hacia ellas sea sistemática.
Los factores mencionados exponen a las trabajadoras del hogar a un trato desigual, injusto e inmerecido; las dejan en una situación que ha sido históricamente aprovechada, para hacerlas víctimas de múltiples discriminaciones, que se agravan por la posición de desventaja para conocer y exigir sus derechos fundamentales, puntualiza.
La propuesta subraya que existe una combinación de condiciones que interactúan para generar desigualdad y segregación hacia las y los trabajadores del hogar. El estereotipo discriminatorio se sustenta en sus diferencias en cuanto a la condición económica y el trabajo que ejercen.
La iniciativa destaca que estas empleadas denuncian los tratos discriminatorios a los que son sometidas en su ámbito laboral. La naturaleza del empleo, al desarrollarse en un espacio privado, hace difícil documentar o visibilizar estos abusos, señala.
“México es un país desigual y abusivo”, afirma, durante años “culpa a los empleadores y empleadoras de no entender las necesidades de las trabajadoras, de no entender sus deseos de tener hijos o hijas, sus deseos de estudiar, de capacitarse, de crecer, sólo por mencionar algunos de los derechos más básicos, que toda persona debería dar por sentados”.
