Afirmó lo anterior el diputado Danner González Rodríguez (MC) en una iniciativa que propone reformar diversos ordenamientos legales para que el Instituto Nacional de Migración (INM) y las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Educación Pública (SEP) y de Salud (SS) diseñen e implementen mecanismos institucionales que permitan la incorporación de los connacionales a los sistemas públicos de educación y salud a su regreso a México.
“La atención a los migrantes como grupo vulnerable no es un acto de conmiseración, una dádiva o una regalía del Estado mexicano, es una responsabilidad inevitable, constitucional e internacionalmente”, enfatizó.
Dijo que las causas y consecuencias del fenómeno migratorio no deben abordarse desde la perspectiva policiaca y de seguridad, sino desde la óptica de que el migrante es sujeto de Derecho y un actor fundamental del desarrollo humano, económico, cultural, social y político del país.
“Una de las principales razones que obligan a las personas a salir de sus lugares de origen es mejorar su calidad de vida y preservarla frente a contextos de conflicto armado, persecución, hambruna, desastres naturales y diversos problemas estructurales en los ámbitos político, económico y/o social, que imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos humanos”, precisó.
Señaló que en los tratados internacionales suscritos por México en esta materia, de conformidad con la Constitución, se reconoce la importancia de avanzar de manera gradual y decidida, a través del diálogo y la cooperación multilateral, hacia una integración regional, fundamentada en el respeto a los derechos humanos y al reconocimiento jurídico de una ciudadanía global.
Ello, explica, debe establecerse de manera equitativa y en condiciones de igualdad, como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas o grupos con conocimientos, valores y tradiciones distintos, orientados a generar, construir y propiciar el respeto mutuo y el desarrollo pleno de sus capacidades, por encima de diferencias culturales y sociales.
La propuesta plantea reformar las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y de Migración, para establecer que corresponde a la SRE coadyuvar con el INM, la SEP y la SS en la elaboración de políticas públicas que garanticen a los migrantes mexicanos la reinserción en sus comunidades de origen, poniendo especial atención a su incorporación a los sistemas públicos de educación y salud.
Sugiere también adicionar la fracción XIII Bis al artículo 12 de la Ley General de Educación, para estipular que corresponde a la autoridad educativa federal diseñar e implementar conjuntamente con el INM y con la SRE, programas para facilitar la integración de los hijos de migrantes mexicanos en los centros escolares de nivel básico, así como la revalidación de estudios y el apoyo para facilitar su acceso al sistema educativo nacional.
Asimismo, que se agregue la fracción II Ter al artículo 7º de la Ley General de Salud para señalar que la SS deberá diseñar, impulsar e implementar conjuntamente con la SRE y con el INM, mecanismos para asegurar su acceso, y el de sus hijos, a las instituciones del Sistema Nacional de Salud.
