En el dictamen, aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente en la sesión del pasado 29 de julio, los legisladores precisaron que existe un encuentro temprano con la violencia, a lo que se le debe agregar la influencia de los medios masivos de comunicación, el cine y videos que promueven “modelos de personas violentas”.
Además, resaltan el papel de los factores económicos en la generación de la violencia, pues la crisis económica que atraviesa el país ha incrementado el desempleo y disminuido el poder adquisitivo de muchas familias. “El estrés por la falta de recursos económicos, el abuso del alcohol y la drogadicción, asociados comúnmente con la pobreza, pudieran estar también relacionados con la violencia en la población joven y adulta de México”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2011, del total de mujeres de 15 años y más, 46.1 por ciento sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal y 13.5 por ciento, sufrió algún tipo de violencia física que le provocó daños permanentes o temporales.
Además, 42.4 por ciento, dijo haber recibido agresiones emocionales en su actual o última relación que afectan su salud mental y psicológica; 24.5 por ciento, algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en se emplea; y 7.3 por ciento, declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.
La violencia familiar ha llegado a ser parte de la vida cotidiana de muchas personas y, su prevalencia como fenómeno sociocultural y multifactorial, demuestra que se deben intensificar los programas y políticas para prevenir y lograr su erradicación.
En este sentido, los legisladores subrayaron que dichas acciones deben consolidar modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, como un conjunto de medidas destinadas a proteger y garantizar la seguridad de las víctimas de violencia familiar.
Para ello, es necesario incluir obligaciones como: proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuito a las víctimas, a fin de favorecer su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia; y brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generaron su violencia.
Se deberán evitar procedimientos de mediación y conciliación, y que la atención que reciban la víctima y el agresor se proporcione por la misma persona y en el mismo lugar.
Por otra parte, se tendrá que favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la víctima; la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; y el fortalecimiento de acciones y estrategias que impliquen modificaciones de los diversos códigos penales que contemplen los delitos de violencia familiar.
