Agregó que la Ley General de Bienes Nacionales en los artículos 7 y 8, establece que el libre acceso es un derecho irrestricto de todas las personas. Asimismo, el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre Y Terrenos Ganados Al Mar, precisa que ningún hotel ni propietario de predios cercanos a una Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) puede delimitar las playas, a pesar de contar con alguna concesión.
Ante tales hechos, la diputada del PRD presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a garantizar el derecho de toda persona al libre acceso y circulación en las playas del país.
Además, que estas dependencias del Estado hagan cumplir las políticas y disposiciones aplicables a los concesionarios que se beneficien del aprovechamiento de dichas zonas marítimas.
El documento señala que en las denuncias ciudadanas sobre abusos por parte de particulares, que aumentan año tras año, solicitan la intervención de las autoridades ante el flagrante atropello de sus derechos.
“Son evidentes los ejemplos que podemos señalar sobre las playas que colindan con los mares mexicanos, y que por voluntad de particulares impiden el acceso estos lugares”, comentó.
Refirió que en costas como Tulum y Akumal, en Quintana Roo, el personal de hoteles circundantes coloca sogas y letreros para restringir el ingreso a las playas, pese a que la normatividad establece que no pueden excluir a la población de disfrutar de estos espacios.
“Sucede también en regiones como las costas de Bahía de Banderas, Cruz de Huanacaxtle, Destileras, Punta de Mita y La Manzanilla, en Nayarit, donde a lo largo del litoral hay quienes se aseguran de que nadie tenga acceso sin previa autorización de los propietarios de predios colindantes”, precisó.
Es necesario acabar con esta problemática que sólo frena el desarrollo de esas regiones. Además, en estricto derecho no existen playas privadas en México, sino que son de uso común como lo establece la Ley General de Bienes Nacionales.
Todo habitante tiene derecho a transitar las playas de México bajo ninguna restricción por ser un bien común determinado por la legislación vigente.
Saldaña Fraire explicó que esta problemática es también parte de la corrupción que impera en el país; no obstante, dijo, no es pretexto para dejar de tomar medidas que garanticen el derecho de todas las personas a gozar y disfrutar de las playas mexicanas.
“La Semarnat y la Profepa deben cumplir lo que la ley mandata que no es sólo otorgar y delimitar concesiones o realizar acciones de vigilancia e inspección respectivamente, sino permitir a los ciudadanos el disfrute de la riqueza natural del país”, concluyó.
