Al participar en la VIII Reunión Nacional de Contraloría Social, en el panel “La contraloría social y la participación ciudadana en las políticas públicas”, añadió; “Si es inmoral y falto de ética que se desvíen los recursos públicos, tratándose de los recursos destinados al combate de la pobreza y desigualdad, esta situación es doblemente inmoral, porque se afecta a quienes menos tienen y a quienes más necesitan el apoyo del Estado”, enfatizó.
Mencionó que no se puede hablar de un México en paz e incluyente, de un México del siglo XXI, si la mitad de la población se encuentra en condiciones de pobreza y desigualdad, donde es necesario sumar esfuerzos y acciones con verdadero compromiso y responsabilidad.
“Sólo se podrá decir que hacemos nuestra labor como gobernantes y servidores públicos cuando sean los ciudadanos quienes realicen las tareas de supervisión y fiscalización de los recursos más importantes: los destinados a combatir la pobreza y a construir un México incluyente”, agregó.
La Secretaria Robles Berlanga recordó que anteriormente la Auditoria Superior de la Federación señalaba reiteradamente que los recursos para el desarrollo social no se canalizaban a los objetivos y metas del combate a la pobreza, por lo que ahora se modificó la Ley de Coordinación Fiscal y la Sedesol recuperó la rectoría sobre alrededor de 60 mil millones de pesos del Ramo 33, con los cuales se avanza para impactar directamente en los indicadores de carencias en los municipios, como alimentación, salud, educación, seguridad social, ingreso, acceso a la vivienda y calidad de la vivienda, además de dar mayor transparencia al uso de los recursos.
LA CIUDADANÍA VIGILA LOS RECURSOS PÚBLICOS
La titular de la Sedesol mencionó estudios de opinión que señalan que la corrupción aleja a la sociedad de los gobiernos, por el hecho de que no se rindan cuentas y los recursos no se administren adecuadamente, por lo que para la Sedesol la contraloría social se ha convertido en un instrumento básico, al grado que todos sus programas sociales contemplan su creación en las reglas de operación.
“Se trata de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos, para fortalecer el capital social”. También apuntó que “en la Cruzada Nacional contra el Hambre se han constituido más de 60 mil Comités Comunitarios, responsables de garantizar los objetivos y metas de la estrategia del Gobierno de la República, además de entregar 138 mil certificados por las acciones y obras realizadas”.
Por eso a partir de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y de las nuevas leyes en materia de transparencia, se trabaja para lograr un manejo aún más responsable de los recursos públicos destinados al combate a la pobreza.
La titular de la Sedesol hizo notar que “debe fortalecerse más la contraloría social y lograr que la construcción de la política social desde abajo hacia arriba, desde la comunidad, desde la gente hacia el gobierno, tenga todavía más fortalezas, pero también hay que mencionar que la sociedad muchas veces no quiere involucrarse y participar. Debe crearse esa cultura, porque la tarea no es solamente del gobierno, sino también de la sociedad”.
En el panel “La Contraloría Social y la participación ciudadana en las políticas públicas” participaron el gobernador Jorge Herrera Caldera; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez.
