Ciudad de México, México.— El 70 por ciento de los ríos nacionales tiene algún grado de contaminación, afirmó la diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, quien, propuso, aumentar un 30 por ciento el monto de las multas previstas en dicha norma a las personas que hagan un uso inadecuado del líquido vital.
Por ello, sugirió reformar los artículos 120 y 88 de la Ley de Aguas Nacionales para aumentar un 30 por ciento el monto de las multas previstas en dicha norma a las personas que hagan un uso inadecuado del líquido vital.
Asimismo, para establecer que las personas físicas y morales que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores de agua, integren dentro de sus procesos la utilización de materiales biodegradables.
La iniciativa señala que en nuestro país la contaminación y el cambio climático han disminuido la disponibilidad del líquido per cápita de 11 mil 500 metros cúbicos (m3) en 1955, a tan solo 4 mil 263 m3 en 2011, por lo que es necesario implementar acciones que ayuden a cuidarlo.
Destaca que el 70 por ciento de los ríos nacionales tiene algún grado de contaminación, hay 1.3 derrames de hidrocarburos de Pemex al día y mil 90 sustancias tóxicas se han encontrado en un solo río y únicamente están regulados nueve.
Explicó García Rojas que la contaminación “está en crecimiento y se toman pocas o nulas acciones para el cuidado del agua”.
Según estudios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de 2016, los ríos ubicados en la zona norte y sur de México presentan altos índices de contaminación, sobre todo debido a derrames de hidrocarburos de Pemex, descargas de las industrias cañera, automotriz, galletera, refresquera y demás, que vierten en ellos sus desechos.
El documento señala que el desperdicio y la contaminación es un problema mayúsculo y no sólo pone en riesgo nuestra riqueza natural, sino también la salud pública. Entre los ríos más contaminados del país destacan el Pánuco, Coatzacoalcos, Jamapa, Actopan y Blanco.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, busca incrementar las sanciones para los casos establecidos en el artículo 119°, por ejemplo, la descarga de aguas residuales, sin el tratamiento que mandata la normatividad aplicable; no cumplir con las obligaciones consignadas los títulos de concesión; asignación o permiso de descarga de aguas; ocasionar daños ambientales considerables o que generen desequilibrios, en materia de recursos hídricos y desperdiciar el agua.
García Rojas puntualizó que estas sanciones serán castigadas por una “autoridad del agua” con multas equivalentes al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Ello, independientemente de lo que se estipule en las leyes General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Bienes Nacionales y Federal de Metrología y Normalización y sus reglamentos; las Normas Oficiales Mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia.
