Nigromante
Por José Vilchis Guerrero
La negra noche de Ayotzinapa cumplió cuatro años. Andrés Manuel López Obrador se reunió por primera vez con los padres de los 43 normalistas para ofrecerles una nueva investigación en la que participarán organismos internacionales y Ángela María Buitrago, quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó el caso, desmintió al presidente Enrique Peña Nieto, quien el 29 de agosto –y luego en su mensaje del VI Informe de Gobierno- sostuvo “la verdad histórica” que difundió el fallido procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Para la ex fiscal colombiana y exintegrante del GIEI es “incomprensible” la insistencia de Peña Nieto en aferrarse a la “verdad histórica” que lanzó la PGR en enero de 2015, apenas cuatro meses después de la desaparición de los normalistas, y la cual fue para los padres de los estudiantes un intento de dar “carpetazo” al asunto.
Entrevistada en Bogotá por Rafael Croda, Buitrago dijo que el Equipo Argentino de Antropología Forense, que realizó peritajes en el basurero de Cocula, también contradijo las afirmaciones de Peña Nieto al afirmar que en 18 meses de recolección y examen de evidencia física proveniente de ese sitio “no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014”.
El caso es que a cuatro años todavía no se esclarece lo que en el imaginario popular se perfila como un “crimen de Estado” que todavía no se reconoce en la Presidencia de la República, como sí ocurrió ya con la Noche de Tlaltelolco.
En el cuarto aniversario de la larga noche de Ayotzinapa la versión oficial que se sustenta en Los Pinos y en la PGR, es que el 26 de septiembre de 2014 fueron victimados tres estudiantes y otros 43 fueron entregados por policías de Iguala y Cocula al grupo criminal Guerreros unidos, que presuntamente los asesinó e incineró.
Pero una investigación periodística, basada en documentos oficiales, videos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército.
La investigación que comenzó en la revista Proceso cuatro meses después, culminó el año pasado en el libro La verdadera noche de Iguala, en el que su autora, Anabel Hernández, pone al descubierto las mentiras que se han propalado por la Presidencia de la República, la PGR y el ex gobernador Ángel Aguirre, quien pidió licencia por seis meses para facilitar la investigación y ya no regresó.
López Obrador se compromete
En el Museo Memoria y Tolerancia, luego de la reunión privada de López Obrador con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una generación que debió graduarse hace unas semanas, Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, afirmó que durante el gobierno de López Obrador será resuelto el caso.
Adelantó que se facilitará la instalación de la Comisión de Investigación para la Justicia y Verdad, que fue ordenada por un tribunal colegiado de Tamaulipas, y en la que participarán los familiares de las víctimas, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y representantes de instancias internacionales.
Al lugar también llegó Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, quien admitió que la próxima administración ha dado muestras de voluntad para resolver el caso, a diferencia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lamentó que, a cuatro años de los crímenes, aún no se pueda llegar a la verdad ni a la justicia en el caso. Enfatizó que la desaparición de los normalistas es un caso de desaparición forzada, en la que participaron agentes del Estado.
En la edición 1989 de Proceso, de diciembre de 2014, se publicó una primera parte de la investigación periodística de Anabel Hernández y Steve Fisher en la que sostienen que fuerzas federales participaron en el ataque a los normalistas en Iguala, Guerrero, y de ello se enteraron en Los Pinos en tiempo real.
Fue una labor conjunta apoyada por el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, con base en testimonios, videos hechos por testigos y los mismos estudiantes durante el ataque, informes inéditos y declaraciones judiciales, en los que se comprueba la participación directa de la Policía Judicial Federal, policías municipales y soldados.
A cuatro años, todavía persiste la versión oficial de que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la agresión, preocupado por la posibilidad de que los estudiantes interrumpieran el informe de actividades de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, titular del DIF municipal.
Según esta versión, policías municipales de Iguala y del vecino ayuntamiento de Cocula atacaron y capturaron a los estudiantes, que fueron asesinados y quemados por sicarios del grupo Guerreros Unidos, con el desconocimiento de los agentes federales y los soldados destacados en la zona. Los documentos y testimonios obtenidos por los dos periodistas revelan una historia diferente.
Citan un informe inédito del gobierno de Guerrero –fechado en octubre y entregado a la Secretaría de Gobernación en noviembre de 2014– obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre que señala que desde su salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, los estudiantes eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal.
Supieron en Los Pinos en tiempo real; la PGR se deslinda
“Según el documento, a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo informó que los normalistas partían de Ayotzinapa rumbo a Iguala. A las 20:00 horas la PF y la policía estatal llegaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las 21:22 horas el jefe de la base de la PF, Luis Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central camionera y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo”, publicó Proceso el 13 de diciembre de 2014.
Conclusión: funcionarios de Guerrero y federales encabezados por el exgobernador Ángel Aguirre y la complicidad del presidente Peña, con policías, militares y delincuentes, ejecutaron la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural. la Policía Federal y el 27 Batallón de Infantería desaparecieron a los normalistas.
A cuatro años de los hechos la PGR emitió un comunicado en el que resume sus acciones: “se ha aplicado toda clase de recursos técnicos y materiales en las actuaciones y diligencias que componen los 620 tomos del expediente de la averiguación previa, entre los que destacan: mil 447 personas declaradas ante el Ministerio Público, mil 945 intervenciones periciales, 22 cateos y 100 extracciones de información de aparatos telefónicos y electrónicos”.
Además, “se encuentran bajo proceso penal 69 personas por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes normalistas considerados desaparecidos y 50 por diversos delitos”.
El equipo asignado exclusivamente al caso ha efectuado, entre otras acciones, 650 búsquedas “pie-tierra en acción coordinada de distintas corporaciones, así como aplicado la tecnología Lidar en superficies de aproximadamente un km² y 60 km², en zonas sugeridas por la representación de las víctimas”.
En estas exploraciones para ubicar fosas clandestinas han intervenido integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la representación legal de las víctimas indirectas y peritos de la PGR con apoyo de instrumentos como el georradar y binomios caninos.
Se han atendido las líneas de investigación planteadas por la representación de los familiares de los estudiantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las que se consideran necesarias a partir de la información obtenida.
Sobre el hecho de que todavía no se hayan dictado sentencias en el caso, la PGR aclara que se debe al “alargamiento procesal derivado de los recursos o medios de impugnación promovidos por los procesados en ejercicio de sus derechos”, y por lo tanto “no resulta atribuible al Ministerio Público”.
