Presume SCJN ser piedra angular en estado democrático de derecho sin discriminación

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Ciudad de México, México.– Las juzgadoras y juzgadores nos renovamos para hacer frente a las exigencias del tiempo presente, no con afanes de espectacularidad, sino conscientes de los cambios por los que transita la sociedad, conscientes de que nuestra función es piedra angular del Estado democrático de derecho, conscientes de que en éste no puede haber discriminación, afirmó la Ministra Margarita Luna Ramos, Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación.

Durante la inauguración de Cuarto Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género, la Ministra Luna Ramos señaló que los impartidores de justicia también están conscientes de que no existe en la época actual, a punto de entrar la tercera década del Siglo XXI, razón alguna para privar a esa mitad de la población del goce de los mismos derechos, de las mismas oportunidades, de la misma capacidad de decisión, de la misma participación.

“Es un hecho contundente que las mujeres son la mitad de la población mundial y asumen un papel fundamental en la economía de los países, participan activamente en la sociedad desde diversos roles y adquieren un mayor número de posiciones en la integración de los poderes estatales”.

En su momento, el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aseveró que ante cifras que demuestran que la discriminación y la violencia contra las mujeres son desgraciadamente todavía problemas cotidianos, corresponde a los Poderes Judiciales la tarea más importante de aplicar las reglas que ha fijado el legislador de manera que no se prolonguen las desigualdades.

Y, así, “se tengan elementos para resolver situaciones que no necesariamente o a fuerza deben repetirse, debemos buscar condiciones idóneas, más justas y de reconocimiento de los derechos que inherentemente tiene la persona humana, a pesar o independientemente de su sexo”, dijo ante los Ministros Norma Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Magistrada Janine Madeleine Otálora Malassis, Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Ministro Presidente hizo énfasis en que “ese es nuestro compromiso: derechos iguales o diferenciados según corresponda, argumentando las razones”.

Apuntó que en esta larga lucha por la igualdad “nos hemos enfrentado fundamentalmente a prejuicios relacionados con construcciones sociales de una cultura que colocó a la mujer en un segundo plano y que le asignó roles que se tradujeron en disminución de derechos”.

Resaltó que en el Poder Judicial se ha hecho un esfuerzo sostenido a través de cursos, talleres y eventos como “el que hoy nos reúne para que logremos identificar las buenas prácticas respecto de los juicios en los que mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres trabajadoras, mujeres con alguna discapacidad, niñas y adolescentes, mujeres mayores, se encuentran en una situación en la que no logran el pleno acceso a la justicia”.

Por su parte, la Presidenta de la Sala Superior del TEPJF, la Magistrada Janine Madeleine Otálora Malassis, hizo hincapié a la impartición de justicia en torno a las mujeres indígenas.

“La impartición de justicia implica producción de verdades e interpretación de la realidad, con consecuencias irreversibles en las vidas de las personas. Debemos preguntarnos como producir verdad a través de la impartición de justicia. Una verdad que no colonice, que reconozca y reivindique”.

Manifestó que quienes juzgan deben producir verdades, que sean producto del profundo entendimiento de las mujeres indígenas y, por tanto, que sean verdades que liberen.

En este Cuarto Encuentro Internacional también estuvieron presentes Rosa Elena González Tirado, Consejera de la Judicatura Federal; Magistrada del TEPJF Mónica Aralí Soto Fregoso, integrante del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de algunos Estados, así como de juzgadoras y juzgadores de Argentina, Australia, Canadá, España, Estado Unidos de América, Colombia, Ecuador, Francia, Filipinas, Guatemala, Jordania, Kenia, Marruecos, Nigeria, Paraguay, Portugal, Nueva Zelanda, Polonia, Perú, República Dominicana, Siria, Suecia y Túnez.