“Las instituciones públicas y privadas, así como la iniciativa privada, deben tener un porcentaje de personas con discapacidad, obligatoriamente, para trabajar”, sostuvo.
En entrevista, la legisladora apuntó que a pesar de que actualmente la ley otorga incentivos fiscales a las compañías para que los contraten, siguen siendo ciudadanos que “muchas veces no tienen acceso a una fuente de empleo”.
Dijo que tanto las empresas como las universidades, ya sean públicas o privadas, “no deben poner un solo pretexto para el ingreso de alguien con discapacidad”.
Precisó que las instancias en las que cursen sus estudios o para las que laboren, deben tomar en cuenta las necesidades especiales que pueden llegar a tener para el cuidado de su salud o la realización de su trabajo. “Sabemos que son personas que acuden más al médico, que necesitan más atención que otras”.
De igual forma, agregó, debe existir una vinculación entre los sectores académicos y empresariales para brindar oportunidades laborales a los alumnos egresados de una carrera y que sufren de alguna discapacidad, ya que, resaltó, debido a las reformas aprobadas durante esta LXII Legislatura se fortaleció su inclusión.
Respecto a la infraestructura para el acceso de sillas de ruedas a planteles de educación superior, Ruíz Sandoval refirió que será tarea de la próxima legislatura etiquetar los presupuestos correspondientes para este propósito.
Por último, advirtió que el índice de niños con discapacidad ha comenzado a crecer. En el futuro tendremos más personas con invalidez, por lo que es un asunto que exige establecer medidas preventivas, consideró.
