Ciudad de México, México.– A pesar del avance en materia de calidad y cobertura de la educación en México, existen rezagos que es necesario abatir para garantizar su pleno desarrollo; por ello, la diputada Alicia Barrientos Pantoja (Morena) propuso reformar la Carta Magna para elevar a rango constitucional la obligatoriedad del nivel superior de la enseñanza.
Refirió que el mandato del artículo 3o. constitucional ha permitido ampliar la cobertura de la formación básica y elevar los niveles de escolaridad, extender su obligatoriedad hasta el bachillerato, así como reducir paulatinamente el índice de analfabetismo. Sin embargo, indicó, subsisten atrasos en materia de calidad de la instrucción, cobertura y equidad.
Expresó su preocupación por los “enormes rezagos” en los niveles medio superior y superior, “que provocan inequidad y exclusión social, y, de no atenderse oportunamente, pueden ser fuente de conflicto”. Si no se solucionan adecuadamente, “México no podrá integrarse plenamente a la revolución del conocimiento”, señaló.
La legisladora explicó que el propósito de la reforma al artículo 3 y 31 de la Constitución Política, además de establecer que la educación superior sea de carácter obligatorio, ordenaría al Estado destinar recursos suficientes a este nivel y a la investigación científica y tecnológica, como palanca de desarrollo y bienestar social, sin desequilibrar las finanzas públicas.
Resaltó que, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el sistema educativo nacional del nivel superior absorbe menos de una tercera parte de la demanda potencial de los jóvenes de 19 a 23 años con posibilidad de estudiar.
ANUIES, continuó, reconoce que dicho porcentaje es inferior al promedio de los países de América Latina, y se encuentra muy por debajo de las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); de acuerdo con la UNESCO, se situaron en 38 por ciento y 66 por ciento, respectivamente.
Estos datos, comentó, revela “el enorme drama” que significa para la juventud la imposibilidad de acceder a estudios superiores y de conseguir, por tanto, empleos de calidad y bien remunerados.
“La insuficiente cobertura es profundamente inequitativa y deja a los jóvenes, en edad de estudiar, sin horizonte cierto o de plano a merced de la delincuencia, acrecentando la violencia que priva en amplias zonas del país”, sostuvo.
En su iniciativa que presentó ante la Comisión Permanente y suscribió también el diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena), Barrientos Pantoja estimó que la reforma llevará a asumir una política de educación superior, y de ciencia y tecnología con visión de Estado, que tienda a abatir el rezago, eliminar la inequidad y la exclusión, así como brindar mejores oportunidades de estudio a los jóvenes que lo demanden.
Sin embargo, precisó que hacer obligatoria la enseñanza a nivel superior, como un medio para ampliar su cobertura, no bastaría para convertirla en realidad como derecho humano, por lo que se requiere un compromiso presupuestal del Estado y colocar el incremento de su financiamiento en el centro de las prioridades nacionales.
Se requieren recursos presupuestales suficientes para crear nuevas instituciones y ampliar la infraestructura de las existentes, contratar personal académico y mejorar la oferta educativa, lo que conlleva el incremento gradual del gasto público, detalló.
Resaltó que, hasta la fecha, el gasto público ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de educación superior e investigación científica. Diversos organismos educativos, investigadores, académicos, alumnos y organizaciones no gubernamentales se han pronunciado por un aumento sustantivo y creciente de la inversión estatal en educación, comentó.
Refirió que, de acuerdo con información del Quinto Informe de Gobierno, se estima que en el ciclo escolar 2016-2017, se registró una matrícula en educación superior de tres millones 762 mil 700 alumnos.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, a la educación superior se le asignaron 117 mil 531 millones de pesos, equivalentes a 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y a posgrados, 7 mil 450.7 millones de pesos, es decir, el 0.03 por ciento del PIB. Respecto al gasto en inversión pública para el nivel de educación superior, se destinaron cinco mil 65 millones de pesos, y en posgrado, 6.3 millones de pesos.
Por ello, destacó la urgencia de modificar y mejorar gradualmente las condiciones presupuestales de las instituciones públicas de educación superior ya existentes, para que cumplan la premisa de ser espacios para la formación de profesionales en donde se cultiven las ciencias, las humanidades y las artes. Además, se debe considerar un equilibrio entre los recursos disponibles y la enseñanza de calidad.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
