Ciudad de México, México.– La Segunda Comisión aprobó 13 dictámenes, entre ellos, destaca el punto de acuerdo por el que se pedirá condenen los hechos de violencia ocurridos recientemente en la República de Nicaragua, como consecuencia de las protestas en contra de la reforma del seguro social en esa nación.
También para que se exprese la solidaridad y condolencias de la Comisión Permanente a los familiares de las víctimas y para hacer un llamado al gobierno y al pueblo nicaragüense a privilegiar la resolución de sus diferencias por medio del diálogo.
En el dictamen, se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar dando puntual seguimiento a la situación que prevalece en ese país y a explorar medidas de distensión del conflicto en el marco de la comunidad internacional, especialmente en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Se recuerda que el pasado 16 de abril el gobierno de Nicaragua anunció, mediante decreto Presidencial, una reforma al sistema de seguridad social que establecía un recorte del 5 por ciento a las pensiones y aumentaba las contribuciones de patrones y trabajadores.
Debido a ello, se agrega, en los días posteriores sucedieron una serie de manifestaciones en contra del gobierno, en respuesta al anuncio de dichas reformas; “las protestas rápidamente se tornaron en actos de represión estatal en contra de los ciudadanos movilizados”.
Como producto de la oleada de violencia, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos informó que la represión habría provocado al menos 30 muertos, principalmente por disparo de balas de diferente calibre, más de 150 heridos y numerosas personas detenidas y desaparecidas.
Ante este escenario, los legisladores consideraron pertinente hacer un exhorto a las diversas fuerzas políticas de Nicaragua para que abran un proceso de diálogo, en donde se garantice la libre participación de las y los ciudadanos, a fin de reestablecer la confianza y la convivencia entre las partes.
Legisladores piden campaña contra violencia hacia la mujer
La Comisión también avaló un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que implemente una campaña nacional en medios de comunicación, a través de los tiempos oficiales, respecto a derechos humanos, prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la trata de personas.
Señalaron que la violencia contra la mujer en el país ha llegado a niveles tan altos, que en 2017, se perpetraron 671 feminicidios, por lo que consideraron que “no se puede escatimar en las medidas que se tomen entorno a la mitigación y el combate de la violencia en general y en particular, de aquella perpetrada contra la mujer”.
Que se frene el cobro de cuotas en escuelas
En la misma reunión, se aprobó un dictamen para pedir a la Secretaría de Educación Pública, y a sus homólogas en los estados, que fortalezcan las acciones y estrategias para evitar el cobro de cuotas obligatorias como requisito para la prestación de los servicios educativos.
Asimismo, para que garanticen el principio de gratuidad de la educación dispuesto en la Constitución y en la Ley General en la materia.
En el documento se destaca que las autoridades educativas o las asociaciones de padres de familia que promuevan o toleren el cobro de cuotas o aportaciones que condicionan las prestaciones de los servicios educativos, fomentan una violación a la Constitución y los instrumentos internacionales referentes al derecho humano de todas las niñas, niños y adolescentes.
