Ciudad de México, México.– La Ley General de Comunicación Social aprobada el 26 de abril por el Senado es imperfecta, ya que ignoró a las radios comunitarias y medios estatales, requiere de un consejo ciudadano que supervise su buena ejecución y está confeccionada para perpetuar la discrecionalidad del Ejecutivo federal para ejercer el gasto público, afirmó el diputado federal del PRD Rafael Hernández Soriano.
El secretario de la Comisión de Gobernación sostuvo que el proceso legislativo fue desaseado ya que para cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el PRI, PVEM, PANAL y Morena ignoraron siete iniciativas de diversos paridos y avalaron la que mantuvo el control del gobierno sobre los medios de comunicación y el uso discrecional de recursos públicos.
Al participar en el Noveno Encuentro de Periodistas organizado por la Asociación de Periodistas de Oaxaca para analizar los alcances de la Ley General de Comunicación Social, Hernández Soriano indicó que la ruta para corregir las deficiencias es abrir espacios para escuchar a las voces que fueron ignoradas.
“Está corriendo el término para que el Ejecutivo federal publique en el Diario Oficial la Ley, hay la petición de varios medios en el sentido de que no se publique sino que se abra el espacio de debate con especialistas, académicos, defensores de derechos humanos, entre otros. Es una propuesta que no se debe de descartar, que se revise el proceso legislativo. Si hay algo que hacer es empujar en esa dirección”, subrayó.
“Sí estamos en contra de que –la Secretaría de Gobernación– sea quien le dé seguimiento al diseño, evaluación, supervisión de todo el mecanismo de la comunicación social, lo que proponemos es un instituto descentralizado con patrimonio propio que garantice independencia del gobierno federal”, añadió.
El legislador federal indicó que también existe la propuesta de la sociedad civil en el sentido de que exista un consejo honorífico que proponga a los medios de comunicación para que estén en el catálogo nacional que será confeccionado por Gobernación; “nosotros en el PRD tomamos esa propuesta”.
Otro de los temas pendientes es que dicha Ley debe tener topes para ejercer el gasto de propaganda gubernamental y no suceda lo que ahora, en donde a pesar de tener aprobados mil 500 millones de pesos se gastan 10 mil millones, abundó.
“El incremento es una decisión discrecional, lo toman las secretarías de Hacienda, de Gobernación y hay solicitudes de varias instancias federales sin que pase por un tamiz, no hay un tope ni criterios para situaciones excepcionales. Eso se mantiene en la Ley”, expuso Hernández Soriano.
Insistió en la urgencia de que la Ley General de Comunicación Social contemple sanciones para los funcionarios que la violen y se pronunció porque la Auditoría Superior de la Federación le dé seguimiento en tiempo real al gasto de propaganda gubernamental, y que no sea la propia Secretaría de Gobernación quien se supervise a sí misma.
