En conferencia de prensa conjunta con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, la legisladora dijo que se busca allegar a la juez las pruebas que los familiares le hicieron llegar, como fotografía y video.
Pizano explicó que la CDHDF registró cuatro casos de tortura y 22 casos de posibles detenciones arbitrarias y la ALDF 31 aunque el congreso local no está facultado para hacer investigaciones. Por ello se enviarán pruebas documentales al Juzgado 47 del Reclusorio Norte y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que continúe con la investigación del enfrentamiento ocurrido en las inmediaciones del recinto legislativo en San Lázaro.
Adelantó que subirán a tribuna un punto de acuerdo para “exigirle a las autoridades correspondientes liberen a todos los jóvenes, tomando en cuenta todas las pruebas que se les están allegando”. Además, Pizano Osorio consideró importante la revisión del Código Penal, ya que la responsabilidad que se les puede fincar a los detenidos es por atentar contra la paz pública, pudiendo alcanzar una pena de cinco a 30 años de prisión.
“Es un artículo que según los tratados internacionales, la ONU misma, consideran que a pesar de que está en la Constitución Mexicana, recomiendan que ya no se aplique porque regularmente se da en épocas de problemas políticos”, refirió.
La legisladora local consideró que la “coyuntura” es una oportunidad para revisar el ordenamiento legal y “adecuarlo a la realidad y darnos cuenta cuando algo ya no está funcionando”.
González Placencia aclaró que el informe que presentó la CDHDF aporta evidencia que no se encuentra registrada en las averiguaciones previas que llevaron a la consignación de 70 personas, ya que de haber estado, “no habríamos encontrado razones para que el procurador hiciera las consignaciones”.
Agregó que el organismo que preside solicitó al Gobierno del Distrito Federal los videos oficiales de los hechos registrados en el Centro Histórico, las comunicaciones radiales entre los agentes policiacos y el plan del operativo, esto para “establecer si hay algunos elementos más que nos lleven eventualmente a hacer una recomendación”.
