Ciudad de México, México.– El diputado José Hugo Cabrera Ruiz (PRI) impulsa una iniciativa para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social diseñe, promueva y supervise políticas, estrategias y programas dirigidos a la contratación de egresados de la educación superior, por parte de los sectores público y privado del país.
Datos del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), contenidos en su publicación Panorama Educativo en México 2016, señalan que durante 2015 solo 59.8 por ciento de los egresados universitarios logró un trabajo estable.
La iniciativa, que reforma los artículos 123 y 539 de la Constitución Política y de la Ley Federal del Trabajo, respectivamente, precisa que durante el primer tercio de 2017 no recibió ingreso alguno proveniente de empleo el 18.9 por ciento de los adolescentes de 15 a 19 añosde edad; tampoco el 7.1 por ciento de jóvenes de 20 a 24 años, ni el 5 por ciento de los que van de los 25 a los 29 años.
Señala que de acuerdo con el informe “Panorama de la Educación 2017”, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en México se invierten en promedio tres mil 703 dólares por estudiante, pero, aclara, “no tiene sentido exigir una mayor inyección de recursos, si el 40.2 por ciento de los profesionistas no tiene primero un empleo donde retorne a la sociedad la inversión realizada”.
“Necesitamos urgentemente definir medidas para no continuar con estas nocivas consecuencias y desfases en la aplicación de las diferentes políticas públicas relacionadas”, lamentó Cabrera Ruiz.
“La situación se complica si además consideramos que los jóvenes empleados tienen en su mayoría bajos ingresos o, peor aún, nolos reciben”, enfatizó.
Cabrera Ruiz subrayó que no debe existir un solo egresado universitario, sin una oportunidad laboral adecuada a sus capacidades y formación.
“Si bien se han desarrollado esfuerzos para incentivar al sector privado en la contratación de jóvenes profesionales, existiendo en su momento una propuesta de fomento al primer empleo, dichos mecanismos eminentemente fiscales resultaron de difícil aplicación, tanto para el gobierno como para las empresas que hubieran estado en condiciones de aplicarlo”, consideró.
Explicó que si bien la educación superior en el país “continúa produciendo profesionistas, estos no logran integrarse de manera eficiente al desarrollo nacional”.
