Ciudad de México, México.– Debido a las múltiples ilegalidades con las que se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el diputado Rafael Hernández Soriano se pronunció porque quienes ganen la titularidad del Ejecutivo y el Legislativo federales en julio próximo revisen íntegramente este proyecto, pues tal como va será un “elefante blanco” que no será útil a la sociedad mexicana, sino sólo al grupo económico al cual pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.
En respuesta al sector empresarial que ha manifestado preocupaciones y dudas sobre el planteamiento de revisar este proyecto, les respondió que precisamente es necesario para generar confianza entre quienes se apegan a la legalidad y, sobre todo, entre los millones de mexicanos que desde ya pagan, de una forma u otra, el costo de la obra, ya sea a través de los impuestos y el presupuesto o a través de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).
Informó que en las reuniones de la Comisión Especial que encabeza con Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México -la empresa paraestatal encargada por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del proyecto- ha quedado evidente la ausencia de estudios completos de planeación, opacidad en todos los procesos de gestión y financieros, omisiones en el Plan Maestro y en la planeación urbana, ocultamiento de obras relacionadas -como Ciudad Aeropuerto- e inicio de obras sin plan de interconectividad.
Enfatizó que todo esto provoca ya daños ambientales y sociales graves, como reiteradamente lo ha denunciado por el uso de combustible robado, devastación ambiental y destrucción de sitios arqueológicos. Además -dijo- el costo de la obra ya rebasó con mucho lo planeado y lo mismo se prevé para su operación y mantenimiento porque se proyecta para una cantidad de usuarios que ni de lejos tendrá en muchos años. Es decir, será un “elefante blanco” si no se revisa y corrige.
El parlamentario federal perredista reiteró que el proyecto y su ejecución están tan plagados de ilegalidades, como muchos otros que tiene a su cargo la SCT que, literalmente, es una insensatez continuarlo como si no pasara nada, que es lo mismo que ha sucedido con otros proyectos bajo la conducción de esta dependencia encabezada por Gerardo Ruiz Esparza.
Recordó que ya han sido señalados hasta la saciedad, incluso por organismos internacionales, los gigantescos cargos y costos, tanto en términos monetarios como sociales, que le significan al país la corrupción imparable del gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto.
Las últimas mediciones internacionales al respecto -dijo- no dejan dudas al respecto. La corrupción en México durante este sexenio alcanza tales niveles de voracidad y rapacidad que de ningún modo pueden generar confianza entre los verdaderos inversionistas nacionales e internacionales y, por tanto, tampoco pueden dar lugar a la pérdida de esa confianza, salvo entre los beneficiarios de la escandalosa y galopante corrupción de este gobierno.
Destacó, sobre el punto, que los proyectos de infraestructura -como los carreteros- no son los únicos plagados de irregularidades -como en el caso del Paso Exprés-, sino también los vinculados a otros sectores, como el energético y el educativo, en los cuales trabajadores, empresarios honestos y el país en su conjunto han perdido miles de millones de pesos por compra-ventas amañadas de computadoras y plantas productoras de químicos y petroquímicos, así como robo de combustibles.
Hernández Soriano consideró escandaloso que Aldesa, corresponsable del socavón en el Paso Exprés de la Autopista México-Acapulco, que le costó la vida a dos personas, sea la responsable de construir la Torre de Control del NAICM, y que los tractocamiones que llevan y traen material para toda la obra utilicen combustible robado, cuando la misma Cámara de Diputados ha demostrado que este robo contribuye al encarecimiento del combustible o el llamado “gasolinazo” que tanto agravia a la población todos los días.
No sólo por ese hecho, sino también por el uso irresponsable de explosivos cerca de asentamientos humanos, la destrucción de cerros que son hábitats de múltiples especies animales y vegetales, el depósito de lodos contaminados en nacimientos de agua dulce, la hipoteca del nuevo aeropuerto a cambio de “préstamos leoninos” y por otras irregularidades, muchos funcionarios del gobierno federal deberían estar en la cárcel, dijo.
“Todo el proyecto debe ser revisado, porque finalmente los corruptos en la cárcel le sirven poco a la sociedad, pero en cambio sí sirve reconsiderar lo que está mal hecho para evitar más pérdidas y recuperar lo mayormente posible”, concluyó.
