Al fundamentar el dictamen, el diputado Alejandro Sánchez Camacho (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que la reforma permitirá adecuar, en una ley general, los tipos penales de desaparición forzada de personas y tortura, acorde a los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito nuestro país.
La enmienda, dijo, responde a “una catastrófica realidad” que ha privado en nuestro país desde la época de la guerra sucia a la fecha. Mencionó que según datos del Comité Eureka, un grupo conformado por familias de los desaparecidos en la década de los setentas, se contabilizan 557 desapariciones forzadas y casos de tortura.
En relación con la guerra contra el narcotráfico, el legislador refirió que según datos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Gobernación, se contabilizó la desaparición forzada de 26 mil 121 personas, entre el 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.
Uno de los hechos más indignantes que ha conmocionado al país, abundó, es la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, “sin que a la fecha se tenga un resultado legal científico y socialmente adecuado”.
La reforma, aseguró, será un parteaguas en materia de impartición de justicia, de plena observancia, respeto y promoción de los derechos humanos. Abre, además, un compromiso para la próxima Legislatura, el de dictar una legislación secundaria que contemple entre otros elementos básicos, la homologación de tipo penal de los delitos de desaparición forzada de personas y tortura, conforme a los tratados internacionales.
Un compromiso, continuó, para una búsqueda metodológica y técnica de las personas desaparecidas; para terminar con la impunidad en esta materia; para promover que en los Códigos Civiles locales se hagan las reformas correspondientes con el propósito de agilizar la declaración de ausencia por desaparición forzada, y que las víctimas indirectas puedan realizar sus trámites familiares y administrativos en forma ágil.
Pedro Domínguez Zepeda (PRI) destacó que la reforma es consecuencia, no de unos cuantos, sino del impulso de la sociedad organizada, de los miles de padres y miles de madres que luchan por encontrar a sus hijos e hijas desaparecidos.
Es consecuencia, agregó, de diversos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y de la voluntad del Estado mexicano de avanzar en la tutela de los derechos humanos. “Nos duele Ayotzinapa, nos faltan muchos más de 43. Son miles de mexicanos y mexicanas que nos faltan como consecuencia de esa guerra fallida contra la delincuencia organizada”.
Raquel Jiménez Cerrillo (PAN) expresó que no basta con que el Estado mexicano signe y ratifique tratados internacionales en materia de derechos humanos “solamente para la foto”. Es necesario su cumplimiento cabal y atender las observaciones de los diferentes organismos internacionales, justamente por las omisiones y falta de justicia en los actos delictivos de desaparición forzada de personas.
“Con la aprobación de esta reforma, el Poder Legislativo da una respuesta oportuna a una realidad social lacerante, dolorosa y vergonzante: la desaparición forzada de personas. Pero no basta, debemos exigir al Ejecutivo observar procedimientos, endurecer sanciones, eliminar lagunas jurídicas e implementar una coordinación de diferentes niveles de gobierno, es decir, fortalecer el marco jurídico para combatir esta problemática”, expresó.
José Luis Esquivel Zalpa (PRD) destacó que el país vive la más profunda crisis en derechos humanos de su historia, en un contexto de impunidad, abuso de poder y responsabilidad directa del Estado en la desaparición forzada de personas y tortura.
Sin embargo, agregó, la tragedia ocurrida en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos, actuó como detonador para que este delito en México por fin se plantee como un asunto prioritario y se da un paso importante para la reivindicación de miles de casos.
Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) opinó que a partir del caso de los 43 estudiantes normalistas, voces desde la oposición han lucrado al señalar lo negativo del gobierno. “Han señalado que el Estado mexicano no ha hecho esfuerzos por enfrentar la problemática y a ellos se han sumado voces internacionales que desconocen la realidad”. Esta reforma, aseguró, se vuelve protagónica y es punta de lanza en América.
Danner González Rodríguez (MC) consideró que esta reforma requiere de voluntad política para su correcta aplicación institucional, de lo contrario, “no será más que un gigante con pies de barro”. Expuso la teoría de que se ha implantado una política de terror en regiones ricas en agua, minerales y gas, mismos que, al amparo de la reforma energética, supone un botín extraordinario para empresas, gobiernos y el crimen organizado.
La diputada Magdalena Núñez Monreal (PT) comentó que si bien el Poder Legislativo asume hoy su responsabilidad al aprobar esta reforma constitucional que permitirá sancionar la desaparición forzada, falta mucho por hacer en materia de derechos humanos. “A los acontecimientos de Ayotzinapa y Tlatlaya se suman los de Apatzingán y nos confirman que el espíritu del Constituyente Permanente a favor de los derechos humanos, no se ha cumplido”.
Sonia Rincón Chanona (NA) demandó que ante la desaparición forzada, no debe ni puede haber lugar para la impunidad. Pidió que una vez aprobada esta enmienda, se prevean las sanciones y se apliquen a cabalidad. Reconoció que en los últimos años, nuestro país vive una etapa de violencia y ocultarlo sería atentar contra el sentimiento de la sociedad. “Nadie olvida a 43 muchachos que fueron emboscados por un grupo de policías municipales en Iguala, hace ya 7 meses”, dijo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (Morena) señaló que el cambio es insuficiente porque no se tipifica la ejecución extrajudicial. “Regulamos la tortura y la desaparición forzada, pero no la ejecución extrajudicial que es también un crimen de lesa humanidad. Después del caso de Tlatlaya, es por demás imperdonable que en esta reforma no se haya contemplado”.
Las diputadas Lilia Aguilar Gil (PT) y Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD) presentaron, por separado, una propuesta de modificación al dictamen, lo que fue rechazado por el Pleno en votación económica.
En favor del dictamen se pronunciaron la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song (PRI) y los diputados Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) y Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena).
Se envió a las legislaturas de los estados para dar cumplimiento al Artículo 135 constitucional.
