Ciudad de México, México.– Por unanimidad, los diputados de la Asamblea Legislativa (ALDF) acompañaron la propuesta con punto de acuerdo de la vicepresidenta del Grupo Parlamentario del PRI, Mariana Moguel, mediante el cual se exhorta a las autoridades locales y federales a blindar los programas sociales contra la coacción del voto rumbo a las elecciones del 1º de julio.
“Respetuosamente exhorto a las autoridades correspondientes a implementar los mecanismos necesarios para evitar que los programas sociales de la Ciudad de México sean utilizados con fines electorales. Sin duda, desde la capital del país debemos poner el ejemplo y ser un referente e elecciones garantes e imparciales”, explicó en tribuna.
La asambleísta precisó que ante los casos presentados durante el último periodo electoral ordinario de 2015 y el realizado durante 2016 para la definición de la Asamblea Constituyente, mismos que demeritaron los resultados, es necesario que el Gobierno de la Ciudad de México haga valer la Ley Electoral y en específico el Artículo 17 de la Carta Magna local que a la letra especifica la prohibición “a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales”.
“Un programa social sí puede cambiar la vida de una familia y no debe condicionarse, bajo ninguna circunstancia, su beneficio a cambio de un voto. Debemos terminar con esas prácticas que dañan a la democracia de nuestro país. Pero, sobre todo, a miles de familias”, abundó.
De acuerdo con el calendario electoral, las campañas de los aspirantes a la presidencia de la República, al Senado, la Cámara de Diputados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México comenzarán el 30 de marzo; las relativas a la elección de 66 diputados locales, 16 alcaldes y 160 concejales iniciarán el 29 de abril. Todas concluirán el 27 de junio, momento en el que entra en vigor la veda electoral rumbo a la jornada del 1º de julio.
“Pido también a las autoridades delegacionales, al Gobierno central y el Gobierno federal un informe preciso sobre las acciones y mecanismos a implementarse para garantizar que los programas sociales no sean utilizados con fines político electorales. Merecemos elecciones limpias, transparentes y pacíficas. Por eso necesitamos más instancias de control y acciones de blindaje electoral tanto preventivo como correctivo. Es momento de levantar la voz para prevenir prácticas de compra del voto a favor de ciertos candidatos”, acotó Mariana Moguel.
Así también, Moguel Robles pidió a los poco más de ocho millones de electores de la capital estar atentos a cualquier intento de compra o condición del voto a fin de presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y hacerlo de conocimiento a los observadores electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) así como a las autoridades judiciales.
“Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún programa social, en el que el electorado esté inscrito, amenace su empleo para que se abstenga o vote, a favor o en contra, debe denunciar ante las instancias de impartición de justicia, como la Procuraduría General de justicia de la Ciudad de México”, concluyó.
