Agregó que tras los acuerdos alcanzados en las comisiones del Senado de la República en materia de desaparición forzada y de tortura, la Comisión de Puntos Constitucionales “estamos listos para recibir la minuta y aprobarla en el seno de la comisión y en el pleno de la Cámara de Diputados”.
En conferencia de prensa, Sánchez Camacho indicó que en la recta final del periodo ordinario, se necesita “echar toda la carne al asador” para ser productivos en leyes que ayuden al buen vivir de los habitantes del país.
De ahí que la aprobación del dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución, y que será avalado en el Senado el próximo martes, obliga al Estado a proteger a las y a los ciudadanos; pues de acuerdo con el organismo no gubernamental Human Right Watch, en su informe presentado al Estado mexicano por medio de la Secretaria de Gobernación, el 20 de febrero pasado, hay 249 personas desaparecidas en el país, de las cuales 149 fueron de forma forzada por servidores públicos federales, estatales y municipales.
Casos investigados por la organización, que no representan la totalidad de los registrados en México, desde el año 2007, de ahí que la reforma constitucional en la materia sea “una deuda del Congreso de la Unión con los desaparecidos en la llamada guerra sucia del país”.
El perredista indicó que la reforma constitucional en la materia es un avance, toda vez que el Estado tendrá que asumir su responsabilidad respecto a las desapariciones forzadas de carácter político, además de garantizar la seguridad e integridad física de las personas ante hechos delictivos.
Alejandro Sánchez agregó que el caso de la menor Alondra Luna, quien fue sustraída de su escuela por la Interpol, para llevarla a Estados Unidos, donde una mujer decía ser su madre, es un ejemplo de la necesidad de regular en el marco constitucional este tema de las desapariciones forzadas, que son caracterizadas precisamente por funcionarios públicos.
“Es lamentable y preocupante que el marco jurídico haya sido rebasado, burlado, porque era aquí, en México, donde debía haberse efectuase los análisis de ADN, y no en Estado Unidos. Da pena ajena, los servidores públicos nacionales que no tuvieron la suficiente fuerza jurídica para evitar, algo que hasta deja un sabor de boca como de violación a la soberanía nacional, da síntomas de violación a nuestra soberanía”, anotó.
